Policías de Ecuador desplegados durante el último toque de queda en el país (Archivo, Ministerio del Interior)

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno durante dos semanas en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, como parte de las acciones del Gobierno contra el crimen organizado. La restricción estará vigente desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre. Durante ese período, la circulación quedará prohibida cada día entre la medianoche y las 05:00.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la disposición como “una medida temporal y focalizada”. Las fuerzas de seguridad realizarán operativos durante la franja horaria restringida contra las organizaciones que “pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado”.

“A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad”, escribió el funcionario en su cuenta de X. Reimberg indicó que no se emitirán salvoconductos: solo podrán desplazarse el personal de salud y de atención de emergencias, además de fiscales y abogados con la acreditación correspondiente.

El ministro pidió a la población que permanezca en sus viviendas durante las horas de restricción y sostuvo que “la seguridad de los ecuatorianos es una prioridad y objetivo final”. La violencia en el país alcanzó su punto más alto en 2025, cuando registró 51 muertes por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime, equivalente a un homicidio por hora.

El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg (Europa Press)

La medida será el tercer toque de queda de 2026. El anterior se aplicó en mayo en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos y parte de Pichincha. El toque de queda que el Gobierno del presidente Daniel Noboa aplicó entre el 3 y el 18 de ese mes terminó con 5.023 personas aprehendidas, de las cuales 717 tenían presuntos vínculos con estructuras criminales, según el balance del Bloque de Seguridad.

La cifra supone que el 14,3% de los detenidos tenía supuestos nexos con grupos delictivos organizados. El 85,7% restante fue arrestado por incumplir la restricción de movilidad o por otros delitos sin una relación directa con esas bandas.

El operativo se extendió durante 15 días, con una prohibición de circulación nocturna entre las 23:00 y las 05:00 en provincias y cantones identificados por el Gobierno como zonas de alto riesgo.

El Bloque de Seguridad, compuesto por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades estatales, difundió los datos tras el fin de la medida. La disposición respondió a una escalada de violencia que las autoridades atribuyeron al narcotráfico y a la disputa territorial entre organizaciones criminales.

Agentes de policía montan guardia (REUTERS/Karen Toro)

El primer toque de queda del año se extendió durante la segunda mitad de marzo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para ampliar las acciones contra las bandas criminales, a las que el Gobierno denomina “terroristas”. Pese a esa política de seguridad, 2025 terminó con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta registrada en el país, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

El país andino enfrenta una escalada de violencia asociada a disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, pese a los estados de excepción y toques de queda que decretó Noboa desde el inicio de su mandato.

La nueva ofensiva de seguridad se produjo después de la visita a Quito del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó a Ecuador como un aliado “fiel” por su combate contra las drogas. Noboa declaró sucesivos estados de excepción y restricciones de movilidad con el objetivo de ampliar las operaciones contra las bandas criminales. El Gobierno atribuye a esas estructuras buena parte de los hechos violentos que afectan al país.

(Con información de EFE)