El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el martes 8 de septiembre de 2026 un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. Según informó, la normativa previa restringió a quienes cumplen la ley mientras los grupos ilegales siguieron armándose.
Como parte de los argumentos oficiales, se difundieron cifras sobre armamento ilegal: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego y vinculó 14.179 de esos decomisos con la comisión de delitos. En ese balance, el mandatario detalló en su cuenta de X: “Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros”.
De la Espriella sostuvo que “la palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor; por eso cumplo mi palabra. Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas”. También cuestionó que los delincuentes puedan portar armas mientras los ciudadanos no, y De la Espriella sostuvo: “No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”.
Por su parte, el coronel Héctor Alexánder Juzga León, jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, explicó que el Decreto 1368 de 2026, expedido por el Gobierno, levantó la suspensión general del porte de armas de fuego en el territorio nacional y fijó nuevas pautas para su cumplimiento. “Todos los ciudadanos que tienen porte de arma vigente se podrán movilizar en el territorio portando su arma, siempre y cuando se encuentre vigente”, afirmó.
En su explicación sobre la aplicación del decreto del 8 de septiembre de 2026, el coronel señaló que la operatividad quedará en manos de las autoridades militares en cada jurisdicción. “Las autoridades militares en todo el territorio nacional expiden la resolución pertinente de acuerdo a sus áreas de responsabilidad para que los ciudadanos puedan circular con su arma, con su permiso vigente”, dijo.
Juzga León indicó que el decreto eliminó un tipo de trámite que se usaba para habilitaciones especiales. “El trámite de permisos nacionales y regionales que eran de un carácter especial ya está abolido”, sostuvo. Según el jefe del área, la exigencia para portar el arma en el país se concentra en mantener activo el permiso individual. “Solamente se requiere, para poder portar su arma en todo el territorio, movilizarse con el permiso de porte, siempre y cuando esté vigente”, precisó.
El coronel recomendó a los ciudadanos que tienen el documento vencido que realicen la actualización por el canal oficial. “El único canal autorizado para desarrollar este trámite es la plataforma SIADEM 2.0”, afirmó.
Sobre sanciones, advirtió que el sistema aplica una multa cuando el vencimiento supera cierto plazo. “Para las personas que llevan con el permiso vencido por más de 30 días, inmediatamente inicien su trámite en plataforma, les va a generar una multa que corresponde a un salario mínimo legal vigente”, explicó.
Juzga León detalló que, tras ese pago, se activan los procesos de revisión a cargo de la entidad y su red territorial. “Posterior a ese pago, podrá iniciar en plataforma los trámites y el departamento Control Comercio de Armas, con las 36 seccionales que tenemos desplegadas en territorio, podrá efectuar los estudios, validaciones y verificaciones con las autoridades competentes”, indicó.
En ese proceso, enumeró las instituciones que participan en los cruces de información para expedir o actualizar permisos, bajo el marco de la ley 2535 de 1993. “Hago referencia a verificaciones por parte de la Policía Nacional, Interpol, Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Control Comercio de Armas”, dijo.
El coronel cerró con un llamado para evitar tramitadores y gestiones por fuera de la vía oficial. “No se requieren intermediarios, terceros, para efectuar esos trámites”, afirmó.
