Al igual que otros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que han recibido reclamaciones por supuestos cobros indebidos, Jacinta no imaginó que una prestación para evitar la exclusión social terminaría convirtiéndose en el origen de una deuda y el embargo de sus bienes. Todo comenzó en 2020, cuando esta mujer de 45 años, con una hija menor a su cargo y un empleo a media jornada, comenzó a percibir el IMV de oficio, ya que, según le explicó la Seguridad Social en ese momento, la prestación le correspondía para complementar sus ingresos. Sin embargo, el pasado mes de mayo la Administración le comunicó en una carta el embargo de su nómina, su coche y su vivienda, así como la existencia de una deuda cercana a los 7.000 euros.
Según explica uno de sus hijos mayores a Infobae, Jacinta no tuvo conocimiento de la reclamación hasta que la Administración llevó a cabo el embargo y, al presentar un recurso, descubrió que la notificación le había llegado de forma digital en septiembre de 2025, pero no llegó a verla ni a recibir otros avisos por otros medios.
La familia señala que, a pesar de haber recibido otras comunicaciones en papel relativas al Ingreso Mínimo Vital, nunca llegó una carta sobre esta deuda. Tampoco han recibido, lamentan, una explicación concreta sobre el motivo por el que la Seguridad Social reclama la devolución de las cantidades percibidas en 2020 y 2021, que ascienden a esos 7.000 euros. “No entendemos cómo no le llegó nunca una carta a casa comunicándole esa deuda, al igual que ha recibido otras muchas donde le decían que seguía siendo receptora de la ayuda y lo que le correspondía. Es absurdo”, señala indignado el hijo de Jacinta al otro lado del teléfono.
Impacto en la salud mental
Toda esta situación, añade, ha supuesto un fuerte impacto en la salud mental de su madre, que, tras agotar las vías de recurso, acabó aceptando el pago de la deuda por temor a perderlo todo. “Este proceso le ha generado mucha incertidumbre y muchos nervios. Al final no le ha quedado más remedio que aceptar la deuda y ahora le descuentan cada mes una cantidad del propio Ingreso Mínimo Vital”. La situación económica de la familia es aún más delicada, ya que Jacinta también está a cargo de su marido, diagnosticado de cáncer y recientemente reconocido con una discapacidad cercana al 50%, explica el hijo.
El Gobierno estudia una ley para condonar deudas
El Gobierno comunicó este verano al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que estudia promover una norma para la condonación de deudas derivadas de la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) correspondientes a los años 2024 y 2025. Un reconocimiento que surge tras la reclamación impulsada por la organización social ATD Cuarto Mundo, que lleva dos años documentando los efectos de la actual legislación sobre miles de perceptores de esta ayuda, que fue creada por el Ejecutivo en 2020 como respuesta social a la pandemia para prevenir la pobreza y la exclusión social.
Como la propuesta oficial solo contempla modificaciones para los casos posteriores a 2024, ATD Cuarto Mundo advierte que quedan excluidas más de 319.000 personas que ya sufren reclamaciones de devolución del IMV.
Hasta el pasado mes de agosto, el IMV ha llegado a un total de 893.820 hogares, en los que viven 2,7 millones de personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 502 euros al mes por hogar y en agosto había 128.915 prestaciones activas más de las registradas hace un año, lo que supone un incremento del 16%. Más de la mitad de los beneficiarios, el 53,4% del total, son mujeres, según los datos oficiales.
