El Senado tiene en sus manos, otra vez, un paquete de convenios que transfieren a la Ciudad de Buenos Aires competencias penales y disuelven el fuero nacional de menores. Se presenta como un simple reordenamiento administrativo. No lo es. Es un ataque directo al federalismo argentino, un vacío judicial que va a impactar en la seguridad de los argentinos porque la Ciudad no está preparada para recibirlo, y un cheque en blanco para que el resto de las provincias termine subvencionando la justicia porteña.
Un fuero nacional no es un capricho institucional
La Justicia Nacional no es una justicia local más. Representa los intereses de la Nación en el territorio de su Capital Federal, que en este caso coincide geográficamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa coincidencia geográfica no es un detalle: es la razón de ser de ese fuero.
Desde la reforma constitucional de 1994 a esta parte, la Ciudad viene haciendo una interpretación forzada del artículo 129 de la Constitución y se arroga competencias que exceden los límites que le fijan esa norma y la todavía vigente Ley Cafiero. Una cosa son las cuestiones estrictamente municipales y de vecindad, que nadie discute. Otra, muy distinta, es que una justicia local termine resolviendo sobre delitos interjurisdiccionales, o sobre la vida y la obra de empresas y trabajadores de alcance nacional, como ya se pretende con la disolución del fuero laboral.
Disolver la Justicia Nacional y ceder esas funciones a un poder local no es descentralizar: es hacer retroceder al Estado nacional de su propio territorio capital, en materias que hacen a la vida de todo el país y no solo de quienes viven en la Ciudad. Es, en los hechos, un centralismo porteño más agresivo que el del siglo XIX: la Nación retirándose de la Capital Federal y entregando ese vacío a una única y más pequeña jurisdicción local, sin que el resto de la Argentina tenga ninguna injerencia sobre decisiones que la afectan. Avanzar con estas transferencias es entregarle al gobierno local el futuro de la Nación.
Ni cárceles ni camas
Supongamos, por un momento, que se tratara de un genuino reclamo de autonomía. Si a la Ciudad realmente le importara ejercer estas competencias, ya habría hecho los deberes. No los hizo.
La Ciudad no tiene cárceles propias. Los detenidos que le corresponden hoy se alojan en comisarías, alcaidías y hasta contenedores —de los que además se escapan—, más de 2.400 personas en esa situación, según reconoció el propio gobierno porteño. Oportunamente también lo planteó la propia Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad de la Nación, al reclamarle a la Ciudad que se hiciera cargo de sus presos como el resto de las provincias. Hace más de ocho años que se anunció un módulo carcelario en Marcos Paz para la Ciudad, y todavía no está terminado.
En materia de menores la situación es todavía más grave: el único centro de régimen cerrado con el que cuenta la Ciudad, el Instituto San Martín, tiene capacidad para apenas veinte camas. Años reclamando autonomía penal, y ni una cárcel ni un instituto a la altura de lo que se reclama.
El peor momento posible
A esa falta de estructura se suma un timing que agrava todo: esta misma semana entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, y fuentes oficiales calculan un incremento mínimo del 50% en la cantidad de causas y detenidos. Es, por definición, el momento de mayor exigencia técnica y de mayor necesidad de especialización judicial en materia de menores que va a atravesar el país en mucho tiempo.
Y es exactamente en ese momento que se avanza en disolver a quien hoy tiene la experiencia acumulada. Las competencias que se pretende transferir, y el propio fuero de menores que se pretende disolver, están integrados por magistrados y personal altamente calificado: solo la Justicia Nacional de Menores cuenta con más de 80 delegados inspectores dedicados exclusivamente al seguimiento y acompañamiento de adolescentes. Avanzar en su disolución sin que la Ciudad esté en condiciones de garantizar la mínima continuidad del servicio de justicia es, cuanto menos, una decisión improvisada.
Sin infraestructura, sin especialización propia y sin vocación real de dar continuidad a un servicio que hoy funciona, cabe preguntarse qué es, en definitiva, lo que persigue la Ciudad con este traspaso. Ahí llegamos al quid de la cuestión.
El cheque en blanco
Los convenios firmados por los ejecutivos supeditan el traspaso a un convenio de transferencia de recursos. ¿De qué recursos estamos hablando?
Ninguna provincia argentina recibe una partida nacional específica para sostener su propio Poder Judicial. Cada una lo hace con sus propios recursos —de coparticipación y recaudación propia— como corresponde a un sistema federal. Es la regla: ninguna provincia le pide a la Nación que le pague a sus jueces.
Pero hay un antecedente. Durante la gestión de Mauricio Macri, el porcentaje de coparticipación de la Ciudad se duplicó para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese aumento fue luego reconocido y ratificado por un fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022. Es decir: la Ciudad ya tiene su policía pagada por la Nación, y además cuenta con un canal excepcional y judicializado para reclamar más recursos —algo que ninguna de las 23 provincias tiene.
Aprobar estos convenios no significa “dejar de pagarle la justicia a los porteños”. Significa financiarla a través de un cheque en blanco que agranda todavía más la brecha de coparticipación. La Ciudad reclama autonomía, pero pretende ejercerla con la billetera del resto de las provincias. Así, cualquiera.
Muchas de las provincias que hoy tienen representación en el Senado mantienen reclamos abiertos con la Nación por la coparticipación federal: por fondos retenidos, por liquidaciones incorrectas, por compensaciones que no llegan. Aprobar estos convenios es hacer exactamente lo contrario de lo que esas provincias necesitan. Cada vez que se amplía el esquema de transferencias discrecionales hacia la Ciudad, se consolida una lógica de reparto que juega en contra de sus propios intereses fiscales. Votar a favor de este traspaso es, para muchas provincias, votar en contra de su propia billetera.
Una decisión que no debería avanzar
Este proyecto debilita el rol federal de la Justicia Nacional en su propio territorio capital. Lo hace sin que la Ciudad haya acreditado nunca un interés real en ejercer estas competencias —al contrario, improvisa y demuestra su falta de condiciones para hacerlo—. Y termina revelando su verdadero objetivo: agrandar la brecha de recursos con el resto de las provincias, yendo en contra de sus propios reclamos por coparticipación, y avanzando hacia un centralismo porteño cada vez más profundo.
