El Congreso de Guatemala comenzó a analizar la iniciativa 6777 de reforma a la Ley de Adopciones, conocida como Ley MAX, con la que se busca evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan institucionalizados durante períodos prolongados y reducir las rupturas de vínculos afectivos en los procesos de protección y adopción.
La propuesta ya fue enviada a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que deberá estudiarla antes de emitir dictamen.
El proyecto también introduce plazos para las actuaciones del Consejo Nacional de Adopciones y del Organismo Judicial, además de sistemas de información estadística, trazabilidad de expedientes y alertas para vigilar cada caso.
La meta es limitar las demoras en procedimientos que definen el cuidado, la adoptabilidad, la selección familiar y la adopción.
La reforma modificaría el Decreto 77-2007, la norma vigente desde 2007 que regula las adopciones en el país y que dio origen al Consejo Nacional de Adopciones como autoridad central en la materia. Según la exposición de motivos del proyecto, el cambio pretende armonizar el sistema con el principio de protección integral y el interés superior de la niñez.
El proyecto de ley sostiene que las decisiones sobre abrigo, acogimiento, adoptabilidad, selección familiar y adopción no deben descansar solo en criterios administrativos. También deben considerar la historia personal de cada niño, sus relaciones familiares y afectivas, su identidad y la continuidad del cuidado recibido.
La iniciativa crea un procedimiento preferente para familias que ya cuidan al menor
Uno de los ejes de la propuesta es la incorporación de las figuras de familia de acogimiento temporal y familia comunitaria. A eso se suma un procedimiento especial y preferente para que las familias que ya hayan brindado cuidado legal, estable y significativo a un menor puedan solicitar su adopción.
La iniciativa reconoce de forma expresa el derecho de la niñez a la continuidad del cuidado y a permanecer en un entorno familiar, siempre que esa permanencia sea compatible con su interés superior.
Esa es la respuesta central que plantea el proyecto: si un niño ya mantiene un vínculo estable bajo cuidado legal, la reforma busca que ese antecedente tenga peso en la definición de su futuro.
El punto más discutido es la llamada presunción legal de permanencia y adopción a favor de la familia que ha ejercido el cuidado. Esa figura operaría cuando existan continuidad del cuidado, vínculo afectivo consolidado, evaluación favorable y ausencia de fraude, captación, presión, tráfico, trata o beneficios económicos indebidos.
La presunción no sería automática ni definitiva. El proyecto prevé que pueda ser desvirtuada mediante prueba técnica y resolución motivada si se concluye que la permanencia no responde al interés superior del niño.
Las críticas apuntan al riesgo de priorizar vínculos nacidos en situaciones irregulares
La iniciativa ya generó objeciones entre especialistas en niñez. En una columna publicada por Prensa Libre, un abogado experto en la materia advirtió que la figura “puede abrir la puerta para que personas que han asumido el rol de cuidado de manera anómala o incumpliendo la ley (enganchadores, tratantes...), sean priorizadas en el proceso de adopción”.
Citado por Prensa Libre, el mismo análisis añadió que una resolución de la Corte Suprema de Justicia ya declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 8 del Acuerdo 40-2010. Según esa lectura, esa decisión eliminó la disposición que impedía a una familia sustituta adoptar al niño bajo su cuidado, lo que dejaría sin materia parte del contenido de la reforma.
El proyecto también pone el foco en el derecho a la identidad. Para ello, propone mecanismos que aseguren la trazabilidad del origen de cada niño dentro del expediente de adopción, con información sobre filiación, antecedentes de protección, búsqueda de familia biológica y ampliada, historia de cuidados, relaciones fraternas y otros vínculos relevantes.
La propuesta añade que el Organismo Judicial deberá fortalecer los juzgados de niñez y adolescencia y otros con competencia en la materia. También plantea reforzar al CNA y a las instituciones involucradas con personal especializado en niñez, adolescencia, psicología, trabajo social y derecho de familia.
La iniciativa prevé además que el Organismo Legislativo mantenga facultades de fiscalización sobre las entidades involucradas a través de las comisiones correspondientes. Tras su conocimiento en el pleno, la iniciativa 6777 sigue ahora su trámite en la comisión legislativa encargada del análisis técnico y jurídico.
