El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el 1 de septiembre un dictamen que amplía la obligación de los gobiernos estatales de informar al Departamento de Seguridad Nacional sobre personas sin presencia legal en el país. El dictamen, difundido el 2 de septiembre, fue elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica y es una interpretación oficial de la legislación vigente, no una ley aprobada por el Congreso.
La medida alcanza a todos los estados que participan de los programas Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dos de los mayores programas de asistencia social del país. Según el Departamento de Justicia, el incumplimiento puede tener consecuencias graves, entre ellas la pérdida del financiamiento federal asociado a esos programas.
Qué cambia para los gobiernos estatales con el nuevo dictamen jurídico
Hasta ahora, la obligación de informar al DHS sobre personas sin estatus legal estaba acotada, por una interpretación emitida en 1998 durante el gobierno de Bill Clinton, a las agencias estatales que administraban directamente TANF o SSI. La nueva opinión revierte ese criterio y establece que el deber recae sobre el conjunto del gobierno estatal cuando el estado acepta fondos de esos programas.
En la práctica, esto significa que dependencias que no tienen relación directa con la administración de beneficios sociales —como departamentos de vehículos motorizados, universidades públicas u otras oficinas del gobierno estatal— podrían quedar alcanzadas por la obligación, en la medida en que dispongan de información relevante sobre personas sin presencia legal en el país.
Joshua Craddock, subsecretario adjunto de Justicia y autor de la opinión, sostuvo que la lectura de 1998 fue incorrecta. “Nos vemos obligados a concluir que nuestra opinión anterior erró en su análisis y resultado”, escribió Craddock, según recogió The Guardian. El funcionario también descartó el argumento de que la inacción del Congreso durante décadas equivalía a un aval implícito de la interpretación anterior.
Qué son TANF y SSI y quiénes reciben esos fondos federales
TANF es un programa federal de asistencia a familias de bajos ingresos. Provee transferencias de dinero y servicios a hogares que no alcanzan ciertos umbrales de ingresos, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y promover el empleo. Los subsidios federales de este programa superan los USD 16.400 millones anuales, según consta en el comunicado del Departamento de Justicia.
SSI, por su parte, brinda asistencia económica a personas mayores de 65 años, ciegas o con discapacidad que cumplen ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Los beneficios federales de este programa superan los USD 60.000 millones anuales, de acuerdo con datos de Reuters. Ambos programas pertenecen a la red de protección social de Estados Unidos, aunque tienen poblaciones destinatarias y mecanismos de financiamiento distintos.
De acuerdo con las fuentes consultadas, las personas inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para recibir beneficios directos de TANF ni de SSI. Los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios participan de ambos programas.
La ley de 1996 y el cambio de interpretación del Departamento de Justicia
La nueva opinión se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, conocida por su sigla en inglés como PRWORA. Esa ley incluyó disposiciones que exigen a los estados informar a las autoridades migratorias federales sobre personas que saben que no están en el país de forma legal.
El punto central del debate jurídico es el alcance del término “Estado” en el texto de la ley. La interpretación de 1998 lo entendía como referido exclusivamente a la agencia estatal encargada de administrar los beneficios. La Oficina de Asesoría Jurídica sostiene ahora que el Congreso definió ese término de forma amplia, de modo que abarca a la totalidad del gobierno estatal y a todos sus organismos componentes.
T. Elliot Gaiser, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica, defendió la reinterpretación. “Cuando un estado elige participar en TANF, acepta la obligación de informar sobre extranjeros ilegales en Estados Unidos”, afirmó en un comunicado publicado por el Departamento de Justicia. La Oficina retiró formalmente la opinión de 1998.
Qué consecuencias pueden enfrentar los estados que no cumplan con la nueva política
El Departamento de Justicia advirtió que los estados que no se ajusten a la nueva interpretación pueden enfrentar consecuencias serias, incluida la pérdida de financiamiento de TANF y SSI. Las agencias federales quedan autorizadas a actualizar los acuerdos de financiamiento y los procesos de cumplimiento para reflejar el nuevo criterio jurídico.
La opinión rige de manera prospectiva: los estados no recibirán sanciones retroactivas por haber seguido la interpretación de 1998 mientras estuvo vigente. Sin embargo, se espera que ajusten su conducta a partir de ahora.
Craddock señaló además que los estados que rechacen las nuevas condiciones tienen la posibilidad de retirarse de los programas, aunque abandonar TANF o SSI tendría consecuencias directas sobre sus sistemas de asistencia social y sobre las poblaciones que dependen de esos recursos.
Posibles impugnaciones judiciales en el contexto de la política migratoria de Trump
La decisión se inscribe en la política migratoria que la administración de Donald Trump impulsa desde enero de 2025 para ampliar la cooperación de gobiernos estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.
La nueva interpretación podría enfrentar desafíos judiciales, especialmente de estados gobernados por demócratas. Según NBC News, varios procuradores generales ya resistieron intentos previos de la administración de imponer ese tipo de colaboración.
El debate jurídico abarca los límites de esa cooperación y el acceso federal a datos personales de beneficiarios de programas sociales. El Departamento de Justicia sostiene que la obligación de informar se deriva de la ley de 1996 y de las condiciones asociadas a la recepción de fondos federales.
Los estados que discrepen tendrán la vía judicial como recurso.
