Cerca de 390.000 niñas, niños y adolescentes podrían quedar expuestos a inundaciones, deslizamientos y desplazamientos si se materializa el escenario severo proyectado para el fenómeno de El Niño en Ecuador. La estimación fue presentada por Plan International a partir de datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de los escenarios de afectación incluidos en los planes de preparación del Gobierno.
La población infantil amenazada forma parte de aproximadamente 1,3 millones de personas que viven en zonas consideradas de alto riesgo. Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas aparecen entre las provincias con mayor exposición ante las posibles inundaciones y movimientos de tierra.
Las proyecciones adquirieron relevancia después de que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declarara la alerta roja en Ecuador frente al evento climático. Aunque las cifras corresponden a un escenario potencial y no a un balance de personas damnificadas, la medida demanda la activación anticipada de recursos, protocolos de evacuación y mecanismos de asistencia.
Para los menores de edad, las consecuencias podrían extenderse más allá del peligro inmediato que representan las lluvias. La destrucción o inutilización de escuelas puede interrumpir las clases durante semanas o meses, mientras los daños en viviendas y carreteras pueden obligar a familias enteras a abandonar sus comunidades. A estos problemas se suma la posible reducción del acceso a agua potable, saneamiento, atención médica y alimentación.
Plan International advirtió que una emergencia también puede eliminar los entornos en los que los menores encuentran protección. El hogar, la escuela y la comunidad constituyen espacios de seguridad y socialización que pueden desaparecer simultáneamente durante una inundación o un desplazamiento. Esa ruptura altera las rutinas, debilita las redes de apoyo y puede afectar la estabilidad emocional de niños y adolescentes.
Catalina Vaca, representante de la organización en Ecuador, indicó que la pérdida repentina de la casa, la escuela y las actividades cotidianas puede romper los referentes de estabilidad necesarios para el desarrollo infantil. La separación familiar, el estrés y la desatención también pueden elevar la exposición de los menores a diferentes formas de violencia o explotación.
Cuando las familias pierden sus viviendas o medios de subsistencia, existe además el riesgo de que recurran a estrategias extremas para superar la crisis. Entre ellas se encuentra el trabajo infantil, que puede alejar a los menores del sistema educativo y prolongar su situación de vulnerabilidad incluso después de terminada la emergencia climática.
La preparación ante El Niño deberá contemplar mecanismos que permitan continuar el aprendizaje cuando las instituciones educativas suspendan sus actividades o sean utilizadas como albergues. También requerirá espacios seguros, atención psicosocial, sistemas de reunificación familiar y rutas para denunciar vulneraciones de derechos.
El acceso a agua, saneamiento e higiene será otro componente esencial de la respuesta. Las fallas en estos servicios pueden incrementar la incidencia de enfermedades, sobre todo entre niños pequeños y familias desplazadas que permanezcan en refugios temporales o comunidades aisladas por daños en las vías.
La organización humanitaria recomendó escuchar a niñas, niños y adolescentes durante la elaboración de los planes de contingencia. Sus testimonios pueden ayudar a identificar peligros dentro de las comunidades y obstáculos para evacuar, continuar los estudios o acceder a los servicios de protección durante una emergencia.
Plan International, que mantiene presencia en Ecuador desde hace más de 60 años y ejecuta proyectos en 12 provincias, participa en acciones vinculadas con educación en emergencias, protección infantil, apoyo psicosocial, agua, saneamiento e higiene.
La respuesta frente al escenario previsto necesitará la coordinación del Gobierno central, autoridades locales, comunidades, organismos internacionales, organizaciones humanitarias y empresas privadas. Si las proyecciones más graves se cumplen, la recuperación podría prolongarse durante meses y afectar simultáneamente escuelas, servicios básicos y fuentes de empleo.
La alerta, por tanto, no se limita a anticipar posibles daños materiales. Para cerca de 390.000 menores, las decisiones adoptadas antes de las lluvias pueden determinar si conservan el acceso a educación, permanecen junto a sus familias y reciben protección durante una emergencia que amenaza con transformar su vida cotidiana.
