El Gobierno de Bolivia intervino de forma temporal a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por fallas en la importación y distribución de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento que mantiene largas filas en las estaciones de servicio.
La medida tendrá un plazo máximo de 180 días y no supone el cierre de la compañía. El decreto, publicado el martes en la Gaceta Oficial, establece que la intervención busca “obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis”.
La decisión alcanza a la empresa que controla la comercialización de combustibles, desde la compra en el exterior hasta el reparto dentro del país. En las gasolineras, algunos conductores pasan la noche en sus vehículos mientras esperan para cargar combustible.
La escasez representa uno de los principales desafíos para el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025 con el compromiso de resolver los problemas de suministro. “La intervención estatal extraordinaria de YPFB” apunta a “recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística”, informó la oficina presidencial.
La comisión responsable de la intervención estará integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del viceministro de Transparencia. Ese grupo podrá recomendar auditorías y otras medidas.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, sostuvo que las medidas previas no dieron resultado. “Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria” de intervención, afirmó durante una conferencia de prensa.
Blanco atribuyó la falta de combustible a “deficiencias logísticas en la importación y distribución” de YPFB. Además, anticipó que el Ejecutivo pretende retirar de forma gradual a la compañía estatal de las tareas de comercialización.
“La intención del gobierno nacional es que” YPFB “vuelva a su rol natural” de exploración, explotación y refinación y “no se dedique a comercializar hidrocarburos”, dijo el ministro.
El presidente Rodrigo Paz eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, una política que rigió durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025. La medida buscó aliviar la crisis económica y asegurar las importaciones de carburantes, pero las filas en las estaciones de servicio continuaron.
La eliminación de las subvenciones ocurrió después de que el esquema de apoyo estatal agotara las reservas de divisas y complicara la compra externa de los mismos combustibles que recibían subsidios. Paz había prometido que el fin de esa política terminaría con las esperas para cargar gasolina y diésel.
En enero surgieron denuncias contra YPFB por la distribución de gasolina contaminada. Hasta junio, el combustible dañó al menos 36.000 vehículos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció ante la prensa que “la mitad del combustible” importado por el Estado termina en circuitos de contrabando hacia países vecinos, con la complicidad de empleados de YPFB.
Las autoridades atribuyen parte del actual desabastecimiento a ese comercio ilegal. Para limitarlo, el Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta 1,5 dólares por litro, con el objetivo de reducir el incentivo que generaba su menor valor en el mercado interno. La medida provocó protestas intermitentes de campesinos desde la semana pasada. Este miércoles, decenas de manifestantes bloquearon durante 24 horas el paso de una fila de camiones y otros vehículos en la localidad de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz.
Los campesinos utilizaron neumáticos y árboles derribados para interrumpir la circulación. Cuatro puntos de bloqueo permanecían activos en Santa Cruz, de acuerdo con el relevamiento realizado en la zona.
Las protestas se desarrollan pese al estado de excepción decretado por el Gobierno para contener las movilizaciones anteriores contra la crisis económica, que paralizaron el país entre mayo y junio.
(Con información de AFP)
