La intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia detectó el desvío de 22 millones de litros de combustible en un mes y permitió identificar a unas 30 personas que presuntamente vulneraron los sistemas de seguridad de la entidad, informaron este jueves los ministros interventores.
El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, afirmó en una rueda de prensa en La Paz que la cantidad desviada refleja “el grado de desintegración de los controles” dentro de la ANH. Los desvíos se concentraron principalmente en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, este último señalado como el motor económico de Bolivia. Justiniano indicó que esa región requiere “3 millones de litros por día” para cubrir su demanda de carburantes.
El funcionario de la administración del presidente Rodrigo Paz sostuvo que los 22 millones de litros de combustible equivalen a 200 millones de bolivianos, unos USD 15,8 millones. De acuerdo con sus estimaciones, la comercialización de ese volumen en el mercado ilegal supera los 400 millones de bolivianos, cerca de 31,6 millones de dólares.
Justiniano también señaló que, durante la primera semana de intervención, se detectaron “nueve tipos de vulnerabilidades” dentro del sistema informático de control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre las fallas, mencionó la existencia de “puertas traseras” que permitían a “gente externa” intervenir “sin límite” en los despachos de combustibles.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que los presuntos responsables de modificar los controles de la ANH “van a tener que pagar sus culpas” ante la Justicia.
Blanco precisó que entre las personas identificadas hay funcionarios del actual Gobierno y de administraciones anteriores. También aseguró que el abastecimiento de combustibles está “garantizado” a partir de la optimización de los mecanismos de fiscalización.
Paz intervino la ANH el 3 de septiembre, tras detectar “deficiencias” en los controles, sobre todo en el sistema de distribución de combustibles. La medida quedó formalizada mediante el decreto 5699. La intervención tiene una duración inicial de 180 días. El plazo puede extenderse una sola vez por 90 días más o finalizar antes si desaparecen las causas que motivaron la decisión.
Un día antes, el Ejecutivo también intervino Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 180 días. Una comisión integrada por cuatro ministerios y el Viceministerio de Transparencia supervisa esa medida.
“Los controles de calidad se flexibilizaron durante años, por decisiones que hoy generan sospechas fundadas de irregularidades. Eso no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha Contra la Corrupción”, sostuvo Paz, quien cumplió diez meses de mandato el pasado 8 de septiembre.
Bolivia importa el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, con un gasto semanal cercano a los USD 90 millones. Desde 2024, el abastecimiento irregular provocó filas de vehículos que esperan durante horas o días para cargar combustibles.
“Todo hallazgo con posibles responsabilidades irá a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones. Una decisión necesaria para acabar con la corrupción, tomar control y asegurar combustible para todos los bolivianos”, agregó el mandatario.
Desde el inicio del Gobierno de Paz, en noviembre pasado, el suministro registró altibajos. Entre mayo y junio, los bloqueos de carreteras por protestas sociales agravaron el problema. En las últimas semanas volvieron las largas filas en las estaciones de servicio, con el diésel como principal faltante.
(Con información de EFE)
