La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 1 de septiembre, en primera legislatura, una reforma constitucional que prohíbe a los opositores presentarse a elecciones y extiende los mandatos presidenciales a siete años.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica respondió ese mismo día con una declaración en la que calificó la medida como una profundización del “continuo deterioro democrático” en el país vecino.
El comunicado costarricense, publicado en redes sociales, reiteró el llamado al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, y anunció que San José respaldará “una respuesta firme y coordinada” en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la próxima Reunión de Cancilleres convocada para tratar la situación nicaragüense.
La reforma veta a la oposición y alarga los mandatos a siete años
La enmienda, aprobada por unanimidad en una sesión especial celebrada en la ciudad de León, establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular quienes el régimen clasifique como “traidores a la patria” o “golpistas”.
Esa categoría, según informó Infobae, incluye a al menos 452 opositores y críticos a quienes el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desnacionalizó, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma también faculta al Consejo Supremo Electoral para cancelar la personería jurídica de partidos financiados desde el exterior y prohíbe a los afectados integrar las directivas de cualquier organización política.
El texto, publicado en el Diario Oficial, traslada además la fecha de posesión de la copresidencia del 10 al 18 de enero, en homenaje al poeta Rubén Darío.
Para entrar en vigor, la reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027.
Nicaragua debía votar en 2026; ahora los comicios se postergan a 2027
El país centroamericano tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026. Una reforma constitucional anterior ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo al rango de copresidenta. La nueva enmienda suma un año más y desplaza los comicios hasta noviembre de 2027.
Ortega ya había anticipado el 19 de julio: “En el país no volverá a haber elecciones con participación de partidos opositores”, según consignó Infobae al publicar el texto oficial de la reforma.
La OEA convocó una reunión de cancilleres para el 17 de septiembre
La respuesta regional ya estaba en marcha antes de que la Asamblea Nacional votara. El 19 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 29 votos a favor convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para analizar la crisis nicaragüense. Brasil fue el único voto en contra; México se abstuvo.
La cita quedó fijada para el 17 de septiembre de 2026 en la sede del organismo. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la describió como una oportunidad para pasar “de las declaraciones a decisiones capaces de aumentar la presión sobre Managua”, e incluyó en la agenda posibles sanciones, restricciones de conectividad aérea y medidas para la liberación de presos políticos.
Tras la aprobación de la reforma el 2 de septiembre, Ramdin endureció su posición. “Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes”, declaró, según publicó Infobae al día siguiente.
Amnistía Internacional y la CIDH también advirtieron sobre las consecuencias
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, alertó que la reforma electoral constituye un “intento por consolidar un sistema” en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo del sistema interamericano, había advertido en agosto que las nuevas medidas podían consolidar la permanencia indefinida en el poder y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática. La organización recordó que una reforma constitucional aprobada en 2025 ya había eliminado la separación de poderes y subordinado los poderes legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la Asamblea Nacional sandinista “erosionó la ficción de la democracia nicaragüense” al reescribir la Constitución para afianzar lo que calificó como una “dinastía ilegítima”.
