La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, presentó un balance durante el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (Consa), en el que afirmó que la anterior administración cumplió solo el 6,6% de la meta de entrega de tierras con título de propiedad, al adjudicar 99.477 hectáreas de las 1,5 millones proyectadas, y que el 93,4% de la meta de entrega de tierras quedó pendiente.

El encuentro se realizó en Mosquera, Cundinamarca, y estuvo encabezado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond. Allí, la funcionaria resumió el trabajo de revisión que emprendió desde que asumió el cargo —un mes atrás— y aseguró que su administración buscará concentrarse en resultados para el acceso a predios rurales y la seguridad jurídica de los beneficiarios.

Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, presentó el balance durante el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura en Mosquera, Cundinamarca - crédito ANT

El balance divulgado por la entidad también cuestionó los resultados de formalización de tierras. Según Garrido, de las 3,9 millones de hectáreas que estaban proyectadas, se formalizaron 1.603.166, de acuerdo con la información expuesta por Garrido. La cifra equivale a un cumplimiento del 41,1%, mientras que el 58,9% de la meta no se alcanzó.

La alta funcionaria sostuvo que la institución debe enfocar su gestión en cuatro líneas: facilitar el acceso a la tierra como factor productivo, dar seguridad jurídica sobre los predios, promover el cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar los terrenos rurales de la nación.

Si se escandalizó el país por lo que pasó con la Ungrd, cuando los colombianos conozcan qué hicieron con la Agencia Nacional de Tierras, realmente es algo aberrante. Y en eso todo el Gobierno, el ministro y nosotros vamos a poner en conocimiento de las autoridades, de la Fiscalía, de la Contraloría y la Procuraduría todo lo que hicieron con la Agencia”, dijo Garrido.

Garrido cuestionó el gasto en compra de tierras y contratación de servicios

Durante su intervención, la directora afirmó que en la administración anterior se destinaron $7 billones a la compra de tierras y a la contratación de servicios. De ese total, señaló, $5,1 billones correspondieron a la adquisición de predios.

De acuerdo con la directora de la ANT, solo en 2024 se ejecutaron $3,1 billones para compra de tierras, una suma que representó el 61% del presupuesto utilizado durante el período al que hizo referencia.

La entidad informó que la administración anterior formalizó 1,6 millones de hectáreas, cifra equivalente al 41,1% de los 3,9 millones proyectados - crédito ANT

También indicó que cerca de $1 billón se destinó a adquirir terrenos para comunidades indígenas, aunque aseguró que una parte importante de esos recursos no habría llegado a la población prevista como beneficiaria.

La entidad pasó de 1.400 a más de 11.000 contratistas, según el reporte oficial

Garrido también criticó la contratación de prestación de servicios. Según dijo, durante los cuatro años de la administración anterior se suscribieron cerca de 40.000 contratos, con un costo de $1,6 billones.

La directora comparó esas cifras con el número de contratistas que tenía la entidad al cierre del gobierno de Iván Duque, pues Garrido señaló que la entidad contaba con 1.400 contratistas y se aumentó considerablemente durante la administración de Gustavo Petro, hasta alcanzar 11.643 en 2025.

Para agosto de 2026, el número se ubicaba en 9.400, de acuerdo con los datos presentados por la directora de la entidad.

Por ende, la directora aseguró que la agencia pondrá en marcha 200 planes de ordenamiento social de la propiedad rural que, según afirmó, quedaron formulados sin financiación ni ejecución durante la administración previa.

Garrido sostuvo que la visión institucional hacia 2030 proyecta cubrir la totalidad de la política de ordenamiento social de la propiedad rural. Sin embargo, afirmó que el nivel actual de avance no alcanza el 15%.

La hoja de ruta anunciada por la ANT parte de la identificación de fuentes de tierra y la incorporación de predios al Fondo de Tierras. Después contempla la administración, depuración y asignación de derechos sobre los terrenos, hasta llegar a la titulación y el registro correspondiente.