El Gobierno rechazó la guía publicada por el Reino Unido para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las medidas contra las compañías que desarrollen actividades sin autorización argentina. La Cancillería sostuvo que la legislación nacional seguirá aplicándose “con todo su rigor” y negó que Londres pueda dejarla sin efecto mediante decisiones propias.
La respuesta se produjo después de que el gobierno británico difundiera una guía dirigida a empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas. El documento sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago y ofrece respaldo británico ante eventuales sanciones o reclamos argentinos.
El Ejecutivo rechazó ese argumento y ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026 y permite sancionar a empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades no autorizadas.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería. La Casa Rosada busca instalar así que la ofensiva británica no modifica el esquema jurídico con el que pretende aumentar la presión sobre las compañías involucradas.
El Gobierno difundió además datos concretos sobre el alcance de las medidas ya iniciadas. La Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países vinculadas con actividades en las islas.
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