El Gobierno tiene un plazo de un año para decidir si concede el indulto al maquinista del tren Alvia, Francisco Garzón, condenado a dos años y medio de prisión por el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013. La jueza titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, ya ha remitido el expediente al Ministerio de Justicia, que deberá estudiar la petición y elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que adopte una decisión.
Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press confirman que ya se han recabado los informes preceptivos sobre la solicitud y que ahora corresponde analizarlos antes de elaborar la propuesta que deberá llegar al Consejo de Ministros. El procedimiento entra así en su fase administrativa después de que la magistrada encargada de ejecutar la sentencia haya informado favorablemente sobre la petición de gracia formulada en favor del maquinista.
La jueza considera que existen razones de justicia y equidad que justifican la concesión del indulto a Garzón. En su informe, explica que la conducta por la que fue condenado se produjo como consecuencia de una imprudencia profesional “grave”, pero circunscrita a un periodo de tiempo “brevísimo”, durante el cual el maquinista perdió la atención mientras mantenía una conversación telefónica con el interventor del tren.
La resolución judicial tiene en cuenta también la actitud mantenida por Garzón desde el accidente. La magistrada destaca el “profundo pesar” mostrado por el condenado por el dolor causado a las víctimas y a sus familiares y señala que ese pesar fue “patente desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio”. También recuerda las peticiones de perdón que el maquinista realizó tanto públicamente como en el ámbito privado.
El informe favorable de la jueza no supone, sin embargo, que el indulto esté concedido. La decisión corresponde al Gobierno, una vez que el Ministerio de Justicia haya completado el análisis del expediente y formule la propuesta que deberá ser sometida al Consejo de Ministros. El Ejecutivo dispone de un año para resolver sobre la solicitud.
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