El Ministerio Público de República Dominicana presentó acusación formal contra nueve integrantes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Leopardo, a la que atribuye el tráfico de casi 1.7 toneladas de cocaína y movimientos financieros por más de RD$258.8 millones y USD 1.6 millones, además de la adquisición de inmuebles, embarcaciones, vehículos, armas y joyas que ahora pide decomisar.
La investigación vincula a la organización con 1,693,42 kilogramos de cocaína: 1,027.15 kilogramos ocupados el 25 de abril de 2025 en la embarcación “Lucifer”, en la zona de Cap Cana, y otros 666,27 kilogramos incautados el 18 de octubre de 2025 durante 17 allanamientos simultáneos. Parte de esa segunda incautación estaba almacenada en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma.
Según informó la Procuraduría General de la República, la acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia y solicita la apertura a juicio, el mantenimiento de las medidas de coerción y cautelares vigentes, y el decomiso de los activos presuntamente ligados a los hechos imputados.
Los acusados son Moisés Severino Inirio, Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota, Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza, Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
De acuerdo con el expediente, la estructura operaba en distintas regiones del país y utilizaba villas, comercios, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como puntos de recepción, almacenamiento y despacho de droga.
Los cargamentos llegaban desde Colombia por las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.
La acusación sostiene que luego la cocaína era trasladada por vía terrestre a inmuebles vinculados con los integrantes del grupo y enviada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico. Desde allí, era distribuida hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
La investigación identifica a Moisés Severino Inirio, alias el Flaco, como principal coordinador logístico de la estructura. A Pedro Luis Cordero Espinal le atribuye labores de coordinación internacional, y a Daniela Sthefany Amancio Olaverría funciones financieras y logísticas.
A los demás procesados les adjudica tareas de almacenamiento, transporte, custodia de sustancias, administración de establecimientos, movilización de dinero y ocultamiento de bienes. El órgano acusador afirma que la responsabilidad penal del grupo quedó comprometida a partir de las pesquisas dirigidas por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de Ramona Nova Cabrera y Claudia Lorena Garrido.
El expediente financiero incluye depósitos fraccionados, hawala y pagos con USDT
Uno de los ejes centrales del caso es el presunto lavado de activos. Los análisis financieros incorporados a la acusación, según la información oficial, permitieron identificar ingresos y fondos movilizados por más de RD$258.8 millones (USD 4.41 millones) y USD 1.6 millones mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos.
El Ministerio Público describe patrones asociados al blanqueo de capitales: depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, uso de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas. Entre estas últimas, menciona en particular operaciones con USDT en la red TRC20.
La acusación añade que una parte importante de los bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y testaferros, sin que los imputados pudieran justificar su origen con actividades económicas lícitas.
Entre los activos cuya incautación se solicita figuran USD 154,800 y RD$927,000 en efectivo (USD 15,783.20 ), así como una villa de lujo en Cap Cana adquirida mediante una operación de USD 820,000. También aparecen un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo, dos solares en San Antonio de Guerra, un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y varios terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
El expediente incluye además las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, esta última señalada como medio de transporte del cargamento de 1,027.15 kilogramos. A eso se suman camionetas, yipetas, motocicletas, pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y municiones.
La solicitud de decomiso también alcanza relojes de marcas como Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, además de cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia áurea. El inventario incorpora cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
La causa fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos, con colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
