La suspensión en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil generó un cruce entre el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El funcionario nacional acusó al gobernador Axel Kicillof de ponerse “del lado del delincuente” y Alonso le respondió que, sin fondos, juzgados ni centros de reclusión, la norma “es apenas una modificación en los papeles”.

A través de su cuenta de X, Alonso escribió: “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?“.

“Y una pregunta más: ¿por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos", le dijo Alonso a Santilli.

Más temprano, Santilli había criticado que el mandatario provincial no se hubiese pronunciado aún sobre el fallo. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo.

El jefe de Gabinete cerró con una acusación que coincidió con el tono de Patricia Bullrich: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

El argumento de la jueza para frenar la aplicación

La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad y puso bajo análisis las condiciones del sistema para recibir a los jóvenes de 14 y 15 años que quedarían alcanzados por la reforma.

La magistrada sostuvo que debe determinarse si existen “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez” y advirtió que la nueva legislación podría incrementar la cantidad de menores detenidos y la permanencia en los centros de alojamiento.

También convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán explicar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen y qué acciones tienen previstas. Hasta entonces, la aplicación de la ley permanecerá suspendida en la provincia.