Tras el presidente Abelardo de la Espriella firmar decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia, varios políticos y juristas se han pronunciado por la iniciativa del Ejecutivo.
Para el abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, permitir que más civiles porten armas supone trasladar una responsabilidad pública a los particulares.
Durante una entrevista en el programa DeFrente de Tercer Canal, Bernate cuestionó la idea de que el acceso a armas pueda responder a la crisis de inseguridad en Colombia. Según planteó, esa alternativa implica que las instituciones admiten que no logran garantizar protección a la población.
“El propio Estado está reconociendo su fracaso”, afirmó el jurista al referirse a la posibilidad de armar a los ciudadanos como respuesta ante los delitos.
El penalista sostuvo que el deber de preservar el orden y proteger a la ciudadanía corresponde a las autoridades. Desde esa perspectiva, afirmó que una política que incentive la tenencia o el porte de armas entre civiles puede ser leída como una renuncia estatal a esa obligación.
“El llamado a cuidar la seguridad es el Estado colombiano”, expresó Bernate. Para el académico, el mensaje que transmite una medida de ese alcance debe analizarse más allá de la discusión sobre el derecho individual a poseer un arma.
Bernate señaló que una eventual ampliación del acceso a armas no elimina los riesgos asociados a su uso ni garantiza que los ciudadanos puedan reaccionar dentro de los límites legales.
El abogado describió ese escenario con una referencia al imaginario del “viejo oeste”. “Armemos a los ciudadanos y literalmente sálvese quien pueda”, dijo, al cuestionar una salida que, a su juicio, puede profundizar la percepción de que cada persona debe resolver por cuenta propia su protección.
Bernate también remarcó que la posesión legal de un arma no habilita a utilizarla de forma indiscriminada. Explicó que el ordenamiento colombiano contempla situaciones específicas en las que puede emplearse, con restricciones y requisitos que deben ser evaluados en cada caso.
Una de esas circunstancias se relaciona con las actividades deportivas. El profesor mencionó las prácticas en polígonos de tiro, que se realizan bajo reglamentos definidos para ese tipo de escenarios. Allí, el uso del arma tiene una finalidad concreta y ocurre dentro de espacios destinados a esa actividad.
La segunda posibilidad se vincula con la legítima defensa y el estado de necesidad. Bernate indicó que esas figuras no equivalen a una autorización general para responder con violencia ante cualquier situación de riesgo, sino que están sujetas a condiciones legales. “No existe un derecho a usarla de manera indiscriminada”, sostuvo el penalista.
En casos de legítima defensa, la evaluación penal considera las circunstancias particulares de los hechos. La existencia de un arma, por sí sola, no define si una reacción estuvo justificada.
El profesor de la Universidad del Rosario advirtió que la expansión del armamento civil podría coincidir con una cultura en la que algunos conflictos ya derivan en respuestas al margen de las instituciones. En ese contexto, consideró que facilitar el acceso a armas puede aumentar las tensiones en vez de resolverlas.
“Te imaginarás cómo va a ser eso ahora”, manifestó Bernate al aludir a ciudadanos armados en un país donde, según su análisis, existe un problema de justicia por mano propia. Su planteo no se limitó a la discusión sobre seguridad, sino que incorporó el posible impacto de esa política en la convivencia y en la actuación de la Justicia.
Bernate insistió en que la seguridad no debe quedar reducida a la posibilidad de que cada persona tenga un arma. Para el penalista, la discusión sobre el decreto debe considerar el deber estatal de prevenir delitos, fortalecer la respuesta institucional y evitar que la protección ciudadana dependa de decisiones individuales tomadas bajo presión.
La entrevista expuso dos dimensiones del debate. Por un lado, la demanda de respuestas frente a la criminalidad. Por otro, los límites legales y sociales de una estrategia que delegue en civiles la capacidad de reaccionar ante amenazas.
