El Salvador desarrolló un marco regulatorio independiente para activos digitales, impulsado por la adopción de Bitcoin, con el objetivo de ubicarse en la transición de las finanzas tradicionales hacia instrumentos digitales, según afirmó Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CENAP), durante la Entrevista AM en Canal 10.
Reyes sostuvo que la regulación especializada permitió al país diferenciar la supervisión de los activos digitales de los mecanismos que aplican a la banca, las bolsas y los mercados de valores convencionales. A su juicio, esos organismos fueron concebidos para instrumentos financieros previos a la expansión de la tecnología blockchain.
La tokenización consiste en crear representaciones digitales de instrumentos financieros o derechos económicos sobre una red blockchain. Reyes explicó que esa tecnología permite emitir, administrar y fraccionar inversiones con una estructura de costos menor que la de los mecanismos tradicionales.
El funcionario comparó el proceso con el cambio entre un vehículo convencional y uno eléctrico. Ambos cumplen una función similar para el usuario, aunque su funcionamiento interno requiere conocimientos y sistemas de supervisión distintos. Bajo esa lógica, señaló que los instrumentos tokenizados son programas informáticos diseñados para operar como productos financieros.
El mercado inmobiliario figura entre los sectores con mayor presencia dentro del ecosistema salvadoreño, de acuerdo con Reyes. El presidente de la Comisión indicó que existen proyectos que ofrecen participaciones desde 100 dólares y retornos anunciados de hasta 15%, aunque estas condiciones dependen de cada emisión.
El esquema permite que una empresa estructure un instrumento de deuda asociado a un desarrollo inmobiliario, lo divida en unidades digitales y lo ofrezca a inversionistas a través de plataformas autorizadas. Reyes planteó que este mecanismo puede ampliar el acceso a productos financieros que antes requerían grandes capitales o la intermediación bancaria.
“En vez de que el banco haga el dinero, la gente puede invertir y ganar dinero”, dijo durante la entrevista. También contrastó esas opciones con las cuentas de ahorro tradicionales, que, según su explicación, suelen ofrecer tasas de entre 3% y 4%.
El funcionario aseguró que la CENAP aprobó más de 260 millones de dólares en proyectos inmobiliarios tokenizados en El Salvador. A esa cifra sumó 360 millones de dólares en inversiones vinculadas a productos tokenizados, en una industria que describió como temprana.
Reyes también mencionó que el volumen de operaciones en plataformas que ofrecen activos fraccionados, como acciones tokenizadas, supera los 2.300 millones de dólares. No precisó el período de medición ni el detalle de las operaciones incluidas en ese cálculo.
La Comisión afirma que rechaza cerca del 80% de las emisiones
La protección del inversionista constituye uno de los ejes del esquema regulatorio, afirmó Reyes. Según sus declaraciones, la Comisión rechaza cerca del 80% de las solicitudes de emisión que recibe, debido a los filtros que aplica sobre la estructura financiera, el respaldo del producto y los mecanismos de protección al consumidor.
Para obtener autorización, un proyecto debe contar con un emisor, un estructurador, una plataforma de intercambio o exchange y un certificador que evalúe los riesgos. Después, la Comisión realiza un análisis sobre el producto, su precio, los inversionistas a los que se dirige y los mecanismos previstos para evitar pérdidas o irregularidades.
Reyes señaló que el proceso puede tomar entre dos y seis meses para una emisión, siempre que la documentación cumpla con los requisitos. En el caso de las plataformas proveedoras de servicios de activos digitales, el trámite puede extenderse por más de un año.
Entre las exigencias, mencionó controles sobre el origen y destino de los fondos, medidas de prevención de lavado de dinero, monitoreo de transacciones y separación de las carteras de los usuarios respecto de los fondos propios de las empresas.
La Comisión sostiene que toda entidad que ofrezca servicios vinculados con activos digitales, billeteras, plataformas de intercambio o tarjetas debe contar con autorización oficial. Reyes advirtió que las compañías que operan sin permiso incumplen la legislación salvadoreña y pueden representar un riesgo para los usuarios.
El funcionario indicó que la entidad ya tiene más de 140 compañías aprobadas entre emisores y proveedores. La próxima etapa, aseguró, estará centrada en programas de educación financiera y en el fortalecimiento de la liquidez para que más personas conozcan y evalúen los productos tokenizados disponibles en el país.
