Los impuestos sobre la renta en procesos judiciales se ubicaron como el principal ingreso recuperado por el Estado salvadoreño entre junio de 2025 y mayo de 2026, con un total de USD 8,673,288.52.
Así lo detalla el Informe de Labores 2025-2026 de la Fiscalía General de la República, que reporta una suma global de USD 18,946,552.75 recuperada en esos 12 meses.
Esta cantidad se logró gracias a distintas gestiones que incluyeron casos de evasión de impuestos penal, cobro de multas, IVA y otros conceptos.
Además de los rubros fiscales, el Estado recuperó montos por reparos (USD 741,279.67), contrabando de mercaderías (USD 771,143.31) y cuotas laborales (USD 834,181.03). También se obtuvieron ingresos menores por cumplimiento de sentencias, daños materiales, peculado y ventas en subasta.
En cuanto a la distribución territorial, la Unidad Penal del Estado gestionó 2,033 casos y recuperó USD 4,593,246.19. San Salvador lideró la lista con USD 3,351,232.40 recuperados en 956 casos, seguido por San Miguel con USD 600,143.73 en 518 casos y Santa Ana con USD 641,870.06 en 559 casos.
La Unidad de Impuestos informó que, de un monto demandado de USD 8,363,352.91, logró recuperar USD 10,373,923.89. En este periodo, inició 1,387 expedientes y presentó 35 demandas judicializadas. Estos resultados muestran una labor constante en la recuperación de fondos fiscales.
Juicios de cuentas, multas y control de bienes
En el área de Juicios de Cuentas y Multas, se recuperaron USD 3,536,862.25 luego de tramitar 2,051 casos de multas, 275 juicios de cuentas y seis reclamaciones adicionales. Durante el año, se llevaron a cabo 703 audiencias, 43 inspecciones y 47 apelaciones. Además, se emitieron 130 sentencias mixtas (absolutorias y condenatorias) y 160 sentencias condenatorias.
La Unidad de Control de Bienes del Estado abrió 5,755 expedientes. De ellos, 277 fueron registros por donaciones, compraventas y titulaciones de inmuebles estatales, y 5,478 correspondieron a gestiones administrativas. Entre las actividades realizadas, se destacan 5,594 resoluciones administrativas, 5,481 remediaciones e inspecciones, y 510 revisiones de proyectos de escrituras públicas. También se brindó apoyo en la destrucción de medicamentos y en subastas.
Gestión civil, administración de justicia y medio ambiente
En el área civil, la Unidad Civil presentó 47 demandas, de las cuales 30 resultaron favorables. Además, inició 1,145 casos, realizó 2,192 intervenciones judiciales y 3,159 cobros administrativos no judiciales. Los principales casos atendidos fueron contenciosos administrativos (434), titulaciones (397) y civiles (155).
Las Unidades de Administración de Justicia y Fe Pública sumaron 2,116 casos ingresados, 257 audiencias iniciales, 287 requerimientos y 140 dictámenes. También hubo 161 audiencias preliminares y 48 procedimientos abreviados de condena. En cuanto al archivo de expedientes, la cifra llegó a 1,878.
En materia ambiental, las unidades especializadas reportaron 561 casos, 151 audiencias iniciales, 52 dictámenes y seis órdenes administrativas. Se presentaron cuatro demandas civiles por daño ambiental. El periodo terminó con 51 sentencias condenatorias, cinco absolutorias, 81 audiencias preliminares y 17 recursos.
El informe de la Fiscalía resalta que estos resultados son el fruto de un trabajo coordinado entre diferentes áreas, con el objetivo de recuperar fondos públicos, combatir la evasión fiscal y proteger los intereses del Estado.
