Hay quien ve el vaso medio vacío y quien lo ve medio lleno. El concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha mostrado su "indignación" porque, a su juicio, el río sigue incumpliendo los caudales mínimos a su paso por la ciudad. Es normal. Mientras, el trasvase Tajo-Segura cerró el año hidrológico 2025/26 con 522 hectómetros cúbicos enviados hacia el sureste. Es el cuarto ejercicio con más agua transferida desde que el acueducto empezó a funcionar en 1979.
El consejero de Agua de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, lamentaba las palabras de Lozano y calificó el año de histórico, tras reunirse con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto. Solo tres ejercicios superaron esa cifra: 600 hm³ en 2000/01, 571 hm³ en 1999/00 y 546 hm³ en 1998/99. En resumen: un profesor de educación física y un ingeniero técnico no se ponen de acuerdo, como en una junta escolar de instituto, con la cuestión hídrica. ¿Por qué?
Promesas. Empecemos por lo básico. La infraestructura del acueducto recorre 286 km entre el embalse de Bolarque (Guadalajara) y el de Talave (Albacete). Nació con una previsión de transportar 600 hm³ anuales —400 para regadío, 110 para abastecimiento urbano y 90 de pérdidas—, pero la serie histórica muestra que la media real recibida se sitúa muy por debajo de esa cifra.
El recorte. El plan de cuenca de enero de 2023 introdujo caudales ecológicos crecientes en el Tajo que recortan los envíos hacia Alicante, Murcia y Almería —decisión que el presidente murciano calificó de “mayor ataque político contra la región en décadas”—. El Plan Hidrológico del Segura calcula que hacia 2027 esa merma puede llegar a 105 hm³ anuales, sumados a 213 hm³ menos de agua subterránea; la Confederación del Segura admite escasez estructural y apunta a la desalación como compensación parcial.
El aval del Tribunal Supremo a esos caudales ecológicos, tal y como contamos, debía traducirse en un recorte de 100 hm³ para el regadío del sureste. Pero el umbral que fuerza el cierre automático del trasvase (400 hm³ embalsados entre Entrepeñas y Buendía) sigue protegido por una disposición de la Ley de Montes de 2015, y cambiarlo exige una reforma en el Congreso poco viable para el Gobierno actual, con las alianzas de investidura erosionadas.
N-320, Presa de Entrepeñas
Nuevos caudales. El Real Decreto 35/2023 fijó nuevos caudales ecológicos, pero la adaptación de las reglas de explotación del trasvase quedó pendiente; en marzo de 2026, Castilla-La Mancha fue a los tribunales ante la inacción del Ministerio en revisar esas reglas. Desde enero de 2026, el caudal mínimo en Aranjuez pasó a 8 m³/s (frente a 7 m³/s, y con 6 m³/s antes de eso), con un horizonte de 8,65 m³/s en 2027.
La paradoja del boletín. Mientras tanto, el sistema sigue aplicando las reglas vigentes: en agosto de 2026 los embalses de Entrepeñas y Buendía autorizaron 60 hm³ y otros 27 hm³ para septiembre. 2026 ha sido un año extraordinario para el trasvase y, a la vez, Toledo denuncia que el Tajo sigue sin alcanzar los caudales mínimos que marca la normativa a su paso por la ciudad. La Cátedra del Tajo de la UCLM documentó episodios en los que el río circuló por debajo de esos mínimos en distintos puntos del tramo medio.
Dos cuencas, mismo boletín. La cabecera del Tajo acumuló 7.104 hm³ (64% de su capacidad), su mejor situación en buena parte de la última década, lo que permitió los 522 hm³ del trasvase. La cuenca del Segura, en cambio, cerró el ejercicio en el 53% —la más baja de España—, con Almería por debajo del 11%, Murcia rondando el 28% y Alicante el 41%, según datos del Gobierno murciano. La Red del Tajo, plataforma opuesta al trasvase, calculó que entre 2025 y 2026 se trasvasaron cerca de 800 hm³ y avisó de que el sistema podría entrar en nivel rojo en tres o cuatro años.
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El pleito que cierra el capítulo. El Tribunal Supremo desestimó el 13 de mayo de 2026 el recurso contencioso-administrativo del SCRATS contra el Plan Hidrológico del Tajo (RD 35/2023), con imposición de costas al sindicato (con un tope de 4.000 euros por cada parte demandada) y confirmando en firme el régimen de caudales ecológicos progresivos. La resolución consolida la línea que ya había marcado en junio de 2024 y reforzado en octubre de 2025, al rechazar también el recurso de la Región de Murcia.
Y con este fallo quedan desestimadas todas las impugnaciones presentadas contra los planes del ciclo 2022-2027, incluidas las de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Murcia y la Diputación de Valencia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo consideró una victoria sobre "La más importante batalla en materia de agua".
El fallo aclara además un matiz jurídico: los 6 m³/s fijados en Aranjuez en la revisión de 2014 nunca fueron un máximo, sino un mínimo, y los usuarios del trasvase solo tienen derecho a aguas excedentarias, nunca garantizadas por ley. Ese mismo 13 de mayo, sin embargo, el Supremo dictó otra sentencia distinta que anula parte de la delimitación de superficies regables del Plan Hidrológico del Segura, aunque sin afectar a los caudales ni al funcionamiento del trasvase; conviene no confundir ambos pronunciamientos, porque corrigen distintos aspectos del mismo paquete normativo.
La desaladora que iba a resolverlo todo. La planta de Torrevieja, pieza clave para reducir la dependencia del trasvase, producía 80 hm³ anuales —ya asignados desde 2023 a comunidades de regantes vinculadas al trasvase— y el Gobierno aprobó en diciembre de ese año su ampliación hasta 120 hm³, con una inversión estimada de más de 108 millones de euros y un presupuesto de licitación de unos 118 millones; la licitación se publicó a finales de 2023 y estaba en fase de ofertas en enero de 2024.
Pues bien, la ampliación sigue sin estar operativa: las obras físicas, adjudicadas inicialmente por 89,49 millones de euros y elevadas después a 98,23 millones tras 4 modificaciones contractuales, encaran su recta final con un horizonte de puesta en marcha desplazado a principios de 2027. El sobrecoste acumulado ya supera los 8,7 millones y la planta solar anunciada en febrero de 2024 para rebajar el consumo energético —clave para hacer viable el agua de riego— carece aún de anteproyecto aprobado.
Dónde están. En paralelo, las dos nuevas desaladoras prometidas en Águilas (50 hm³) y Torrevieja (100 hm³), cuya licitación de anteproyectos se formalizó en julio de 2025 por 1,34 millones, están en fase de redacción técnica con un plazo de 24 meses para entregar los estudios definitivos, incluida la declaración de impacto ambiental; su construcción no se licitará hasta finales de 2026 o comienzos de 2027, y el propio secretario de Estado Hugo Morán admitió que no estarán en funcionamiento cuando entren en vigor las nuevas reglas del trasvase en 2027.
Sin ubicación definitiva, la puesta en marcha puede irse hasta 2031. La Generalitat, que al principio rechazó frontalmente acoger la nueva planta, lleva años buscando formas alternativas de producir agua y el Govern tiene previsto licitar nuevas desaladoras en los ríos Tordera y Foix.
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La batalla que mencionaba Page no orbita en torno a cuánta agua sale del Tajo. De fondo está la batalla identitaria: la defensa del trasvase como instrumento de solidaridad entre territorios, la reivindicación de interconectar cuencas y el rechazo a una política basada en desalación y reutilización. La realidad es que ni el trasvase puede conservar sus expectativas originales en un Tajo sometido a mayores exigencias ambientales y menos aportaciones, ni la desalación puede sustituirlo de inmediato sin inversiones, subsidios energéticos y una revisión del regadío que ya va tocando. Casi 60 millones van a recibir entre Librilla y Totana con ese fin.
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