El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, se refirió al presupuesto que se requiere para continuar con el trabajo de investigación y juzgamiento de crímenes cometidos en el conflicto armado.
De acuerdo con la explicación que dio el funcionario ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, el presupuesto no corresponde a la magistratura de la JEP, está destinado al cumplimiento de seis funciones que tienen tres entidades: la secretaría, la magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
En ese sentido, Ramelli indicó que se requiere de un amplio monto para 2027. Sin embargo, existe el riesgo de que se mantenga un recorte presupuestal. “El tema del presupuesto es dramático, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos inicialmente un presupuesto $947.642 millones. Luego, cuando nos lo devolvieron, lo devolvieron en $821.000 millones. Es decir, tenemos un recorte de $125.000 millones”, detalló.
Según indicó, año a año, el presupuesto de la JEP ha ido aumentando porque se requieren de recursos distintos para cada fase procesal y, además, cada vez hay más víctimas, comparecientes y audiencias. “No es un aumento burocrático absurdo”, aclaró.
La fase que ahora mismo adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz es de la del cierre de investigaciones. En lo que queda de 2026, terminarán los macrocasos en la Sala de Reconocimiento, y en 2027, la UIA culminará las imputaciones.
“Ni estamos pidiendo prórrogas, ni estamos pidiendo que nos amplíen nada. Estoy diciendo que estamos cumpliendo y, por eso, es tan importante el presupuesto del próximo año, porque es el presupuesto del cierre de las investigaciones”, precisó Ramelli ante los congresistas.
Advirtió que, si ese rubro se reduce en 2027, la JEP no podrá terminar adecuadamente las investigaciones que están en curso. “Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, indicó.
La información que presentó al respecto indica que hay varias necesidades desfinanciadas para 2027:
- La adquisición de bienes y servicios (seguridad para víctimas, comparecientes y otros intervinientes).
- El fortalecimiento de herramientas y estrategias con enfoques diferenciales para la participación efectiva en la justicia transicional.
- El fortalecimiento de la investigación y acusación y del ejercicio de la acción penal de la UIA.
- El fortalecimiento de la capacidad de apoyo de la arquitectura de soluciones tecnológicas al desarrollo evolutivo de la entidad (equipos, licencias para investigaciones y soporte tecnológico).
- Apoyo administrativo para proyectos.
En consecuencia, Ramelli solicitó a los congresistas hacer una revisión de fondo de las cifras, con el fin de evitar que se haga un recorte presupuestal a la JEP en un momento clave como el actual.
Por otro lado, el presidente de la JEP defendió el trabajo que se ha estado adelantando durante aproximadamente ocho años, el cual ha sido ampliamente criticado, sobre todo por quienes no están de acuerdo con el Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con las extintas Farc-EP en 2016. Los cuestionamientos se centran en las condenas que establece la Jurisdicción, puesto que no implican la privación de la libertad, se enfocan en la reparación de las víctimas.
El funcionario negó que las sanciones de la JEP constituyan decisiones de impunidad. Según explicó, ahora hay macroimputaciones y condenas contra el antiguo secretariado de las Farc y mandos medios que no estaban siendo investigados por sus crímenes. “Hemos tratado por igual a la fuerza pública que a las Farc (...), incluso tienen más macroimputaciones las Farc que la fuerza pública”, indicó.
