En medio de una retracción industrial que dejó casi 8.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Buenos Aires en el último año y en pleno debate por el compre local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) lanzó su propia propuesta. Se trata de un programa de vinculación entre pymes fabriles y los grandes proyectos de energía y minería al que sus propios impulsores llaman, sin eufemismos, el “Tinder industrial”.
Las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos al RIGI acumularon cerca de USD 460 millones hasta agosto y registraron un salto de unos USD 140 millones solo en ese mes, según una compilación de datos del investigador Federico Bernini, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). Esa cifra equivale a casi el 1% de los USD 47.073 millones de inversión comprometida por los proyectos aprobados, frente a la cláusula del régimen que exige que al menos el 20% del total de cada inversión se cubra con proveedores nacionales.
La lógica del programa es tan simple como la aplicación que le da nombre: conectar oferta con demanda. El programa funciona como una plataforma de matching que cruza las necesidades concretas de insumos y servicios de los sectores de oil & gas, minería y energía con la capacidad de producción —real o potencial— del entramado fabril bonaerense. El objetivo declarado es que esa demanda, hoy cubierta en buena medida con importaciones, empiece a resolverse con industria local.
Actualmente el programa nuclea a más de 60 empresas industriales y de servicios de toda la provincia, de rubros como metalmecánica, equipos para oil & gas y servicios industriales, convocadas a través de una red de cámaras sectoriales y territoriales.
La provincia concentra el 46% de la industria manufacturera del país
Irini Wentinck, prosecretaria de la Uipba, precisó que la provincia de Buenos Aires reúne el 46% de las industrias manufactureras de la Argentina. De los 23 proyectos aprobados hasta ahora bajo el RIGI en los sectores energético y minero, solo cuatro se ubican en territorio bonaerense; el grueso se radica en otras provincias, con epicentro en Vaca Muerta, donde se concentran los recursos.
Esos cuatro casos son el proyecto siderúrgico de Sidersa en San Nicolás, el parque eólico de Olavarría, la ampliación de la planta de Mega para exportar líquidos de gas y la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca —con una inversión de USD 2.700 millones destinada a construir una de las plantas de urea más grandes del mundo—. En conjunto, esos cuatro proyectos suman USD 3.620 millones comprometidos y 17.257 empleos según el registro oficial del régimen.
La radicación territorial no es, sin embargo, una barrera insalvable. La apuesta de la Uipba es que empresas bonaerenses puedan incorporarse como proveedoras de proyectos ubicados en otras provincias. Con esa lógica, autoridades de la entidad ya mantuvieron reuniones con las principales petroleras del país, entre ellas, con el área de cadena de proveedores de YPF.
La brecha entre lo que una pyme fabrica y lo que el proyecto necesita
Para hacer ese cruce, la Uipba relevó qué produce cada empresa socia, con qué maquinaria cuenta y qué certificaciones tiene, y lo compara contra los requerimientos concretos de los grandes compradores. La mayoría de las pymes que integran el grupo hoy le venden a otros sectores; la apuesta es que, con ajustes puntuales —una certificación que falta, un cambio de insumo, adaptar una línea de producción—, puedan empezar a proveer a la minería o al oil & gas.
“Las capacidades industriales del país están realmente muy concentradas en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Wentinck. “En la provincia hay una cantidad enorme de industrias que tienen las capacidades, no es que hay que desarrollarlas, simplemente hay que certificarlas.”
El proceso de certificación puede demandar hasta seis meses, un plazo que en muchos casos no coincide con los tiempos de las licitaciones. “Si esta información no llega con el tiempo que se requiere para desarrollar estas capacidades de última milla, la realidad es que cuando la licitación salió llegó tarde la información y entonces la empresa no pudo participar”, explicó la referente.
Para atacar ese cuello de botella, la Uipba cerró un acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y mantiene conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para explorar un esquema que homologue certificaciones y agilice el ingreso de proveedores locales a las mineras, una iniciativa que todavía está en etapa de borrador.
La reconversión productiva
El programa no se limita, sin embargo, a vincular oferta con demanda. Su trabajo diario consiste en identificar qué le falta a cada empresa para producir lo que los grandes proyectos necesitan y acompañarla en ese proceso. “Hacer un producto nuevo o un producto adaptado no es de un día para el otro”, señaló Wentinck: requiere inversión, innovación, tecnología, capital humano formado y financiamiento.
Para cubrir esa brecha, la Uipba mantiene conversaciones con distintos bancos para articular líneas de crédito destinadas a pymes que necesiten reconvertir procesos o adquirir bienes de capital. El trabajo también tiene una dimensión internacional: mediante contactos con embajadas de potencias mineras, la entidad busca promover esquemas de asociatividad para abastecer esos mercados con producción bonaerense e intercambiar conocimiento técnico.
“Estos sectores traccionan mucho y el desafío es lograr que la industria bonaerense también se beneficie de eso”, planteó Wentinck.
La carga impositiva encarece al proveedor local frente a la competencia importada
En paralelo al programa de vinculación, la Uipba impulsa junto con otras cámaras una gestión ante el Estado para reducir la carga tributaria que hoy resta competitividad a los proveedores locales frente a la competencia importada, justamente uno de los principales debates que se generan alrededor de los proyectos que se inscriben en el RIGI. La trabaja en una propuesta para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires sin comprometer las finanzas provinciales.
La iniciativa apunta a un esquema progresivo: en una primera etapa, mediante un ajuste del mínimo no imponible, las micro y pequeñas empresas quedarían eximidas del tributo; en un horizonte de entre tres y cinco años, la baja se extendería en forma gradual a las medianas y grandes hasta llegar a cero. Hasta 2008, el sector estaba exento en la provincia.
La demanda se enmarca en un reclamo más amplio por un esquema de incentivos específico para las empresas que integran las cadenas de valor de los sectores energético y minero, como complemento del RIGI. Uno de los referentes que participó de las conversaciones con la Uipba, sintetizó: “Sin financiamiento y sin un nuevo esquema tributario, los grandes sectores van a elegir otros proveedores”.
Wentinck introdujo el concepto de competitividad sistémica para explicar por qué la reconversión productiva no alcanza si no va acompañada de condiciones macroeconómicas favorables. “Cuando un producto argentino tiene que competir con un producto que viene de Brasil, o de México, o de China, no solamente lleva dentro la productividad puertas adentro de nuestras fábricas, sino también la competitividad que tiene el país, que tiene la provincia”, argumentó.
