El Gobierno de Panamá autorizó un fondo de hasta $80 millones para enfrentar los efectos de El Niño, mediante contrataciones especiales de obras, bienes y servicios.
La medida forma parte del estado de emergencia nacional aprobado por el Consejo de Gabinete el 25 de agosto y publicado el 2 de septiembre de 2026 en la Gaceta Oficial.
La declaratoria responde a las alteraciones climáticas registradas en el país y a los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. El organismo anticipa un déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, acompañado de temperaturas elevadas, mientras los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta mayo próximo.
El Gobierno sostiene que estas condiciones pueden afectar a la población, la producción agropecuaria, las fuentes de agua y la generación hidroeléctrica. También podrían reducir los niveles de lagos y embalses como Bayano, comprometer el abastecimiento para consumo humano y limitar la disponibilidad hídrica necesaria para las operaciones del Canal de Panamá.
La resolución indica que, entre enero y agosto de 2026, al menos 15,643 personas resultaron afectadas por inundaciones.
Más de 70% se concentra en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras los demás casos corresponden principalmente a las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di. El escenario combina, por tanto, daños por lluvias con una próxima amenaza de sequía.
Los $80 millones no constituyen una asignación automática para una sola institución. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá incorporar los recursos según la disponibilidad presupuestaria de 2026 y 2027, y colocarlos en un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá.
Desde ese mecanismo se pagarán las contrataciones previamente autorizadas y refrendadas por la Contraloría General.
Los ministerios y entidades podrán utilizar el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia hasta el 30 de junio de 2027. Este mecanismo permite contratar con mayor rapidez que mediante una licitación pública ordinaria, siempre que los requerimientos estén vinculados directamente con situaciones provocadas por El Niño y los precios de mercado se encuentren debidamente justificados.
Cada solicitud y su monto deberán ser aprobados por la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel. Además, los representantes legales de las instituciones serán responsables de sus actuaciones u omisiones durante la utilización de los fondos.
La resolución permite que el Consejo de Gabinete aumente o reduzca tanto la suma disponible como el período autorizado para efectuar las contrataciones especiales.
Las entidades tendrán que consultar primero la tienda virtual de PanamaCompra para determinar si los productos o servicios requeridos están disponibles. Las obras y proyectos también deberán ser inscritos ante el Ministerio de Ambiente, mientras los contratos necesitarán el refrendo de la Contraloría. Si quedan recursos después de finalizar la emergencia, el saldo del fideicomiso deberá regresar al Tesoro Nacional.
Una vez vencido el período de contratación, cada institución deberá presentar un informe con los bienes y servicios adquiridos, el contratista seleccionado, el objeto del gasto y el monto pagado.
Esa información será publicada en PanamaCompra, aunque la rendición de cuentas está prevista principalmente al finalizar el plazo, no necesariamente conforme se adjudique cada contrato, lo que reduce la capacidad de fiscalización ciudadana en tiempo real.
Panamá adoptó una medida parecida en 2023, cuando declaró una emergencia ambiental por la sequía y la posible llegada de El Niño.
En aquella ocasión se autorizaron $35 millones para contrataciones especiales, distribuidos entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Salud, MiAmbiente, la autoridad reguladora y el instituto encargado de la meteorología nacional.
El precedente más reciente ocurrió tras las lluvias de noviembre de 2024. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para atender daños en carreteras, puentes y comunidades, pero posteriormente el límite fue elevado hasta $160 millones.
Informes oficiales presentados en 2026 señalaron que se ejecutaron aproximadamente $104.6 millones, equivalentes a 96.81% de los proyectos y contrataciones reportados bajo aquella emergencia.
La posibilidad de contratar sin los tiempos y la competencia de una licitación ordinaria vuelve a generar preocupación por los controles.
Transparencia Internacional y organizaciones de la sociedad civil han advertido que las emergencias aumentan los riesgos de sobreprecios, favoritismo y selección discrecional de proveedores, especialmente cuando la información se publica después de adjudicar o ejecutar los contratos.
Durante la pandemia de covid-19, las compras de emergencia en Panamá provocaron cuestionamientos por adquisiciones de insumos médicos, equipos e infraestructura.
La falta de información inmediata y varias operaciones suspendidas alimentaron las exigencias de mayor transparencia y trazabilidad del gasto público.
Aquella experiencia mostró que la urgencia puede justificar procedimientos rápidos, pero no debe eliminar la competencia, la publicidad ni la fiscalización independiente.
Para reducir esos riesgos, los organismos especializados recomiendan publicar cada necesidad antes de contratar, identificar a los propietarios de las empresas proveedoras y divulgar precios, cantidades, plazos y responsables.
También resulta necesario habilitar auditorías simultáneas y comparaciones públicas entre ofertas, en lugar de esperar hasta junio de 2027 para conocer un informe consolidado sobre el destino de los recursos utilizados durante la emergencia.
