David Custodio Boteo admitió ante el Congreso de Guatemala que cerca de 3.800 pandilleros presos siguen dirigiendo homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores desde las cárceles, una situación que la Policía Nacional Civil atribuye, entre otras razones, a la falta de centros de máxima seguridad para aislar a los líderes.
El propio director de la PNC dijo que el 80% de los integrantes activos de pandillas está privado de libertad y que, aun así, las estructuras mantienen capacidad de mando sobre la actividad criminal en las calles. Las autoridades penitenciarias contemplan construir dos cárceles de máxima seguridad, pero su entrada en funcionamiento no está prevista antes del próximo año.
Durante la comparecencia convocada por el diputado José Chic, de la bancada VOS, también participaron el subdirector de Investigación Criminal de la PNC y otros mandos policiales. Allí se expuso que las pandillas activas en el país son Barrio 18, Mara Salvatrucha y White Fence.
Según Custodio Boteo, esas tres estructuras reúnen entre 11.500 y 12.000 integrantes. Del total, el 55% pertenece a Barrio 18, el 40% a la Mara Salvatrucha y el resto a White Fence.
La PNC identificó tres pandillas activas y dos zonas con mayor presencia criminal
El director de la PNC señaló que White Fence fue una de las primeras pandillas que llegó a Guatemala en los años 90. Añadió que en 2005 estuvo cerca de desaparecer después de que el líder de Barrio 18 conocido como “El Lobo” ordenara su expulsión de las zonas capitalinas.
En la actualidad, esa estructura mantiene una presencia reducida en la zona 6, la zona 18, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula. Custodio Boteo indicó además que la Comisaría 12 y la Comisaría 15 concentran los mayores niveles de presencia de pandillas e incidencia criminal del país.
La Comisaría 12 cubre la zona 18, la zona 6, San Pedro Ayampuc y Chinautla. La Comisaría 15 abarca Villa Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa y su colindancia con Escuintla.
El subdirector de la PNC comisario general Esvin Gaspar Jacinto Quiché, sostuvo que las estructuras pandilleriles superan en número a los agentes destinados al patrullaje diario. Explicó que la institución dispone de entre 6.000 y 7.000 policías por turno a nivel nacional, entre comisarías, la Subdirección de Investigación Criminal y la SGAIA, mientras las pandillas operan de forma permanente.
Jacinto Quiché describió con una frase la dimensión del problema: “El reclutamiento para los pandilleros ha sido demasiado fácil. Ahora reclutan mucho más a los menores, incluso niños de doce, trece años”.
Los hogares bajo custodia estatal fueron señalados como espacios de reclutamiento
Uno de los puntos más cuestionados en la sesión fue la situación de los adolescentes bajo cuidado del Estado. El subdirector explicó que los hogares de resguardo y abrigo administrados por la Secretaría de Bienestar Social no cuentan con un sistema de perfilación que separe a menores vinculados con pandillas de aquellos que llegaron por conflictos familiares o situaciones de desprotección.
Según el funcionario, la demora del sistema de justicia para resolver audiencias prolonga la permanencia de adolescentes sin vínculo pandilleril en esos centros. Esa convivencia, dijo, los expone al reclutamiento dentro de las propias instalaciones.
Custodio Boteo reconoció que la ley contra pandillas vigente en Guatemala no incorporó disposiciones específicas para menores de edad. El director afirmó: “Muchas de estas leyes guatemaltecas y de derechos humanos son protectoras más para el delincuente que para las personas que han sido víctimas de ellos”.
Las órdenes salen de prisión por aplicaciones, visitas y posibles intermediarios internos
El subdirector de Investigación Criminal explicó que las pandillas reproducen una organización vertical parecida a la policial, en la que las órdenes de los jefes de clica descienden hacia los miembros que actúan en la calle. Indicó que centros penitenciarios como el denominado “el Once” funcionan como puntos operativos desde donde se distribuyen directrices al exterior.
En el caso de la Mara Salvatrucha, añadió, la jerarquía se sostiene desde Renovación I, Fraijanes, Pavón y Boquerón. También precisó que la comunicación no depende solo de llamadas telefónicas, sino de aplicaciones como Telegram y WhatsApp, además de visitas de familiares y abogados.
El funcionario agregó que esos visitantes figuran entre los canales más utilizados para trasladar instrucciones. Incluso admitió una posible participación interna al señalar: “No descartamos los propios guardias”.
Chic planteó militarizar cárceles y la PNC alertó sobre municipios en riesgo electoral
Frente a ese panorama, Chic planteó la posibilidad de que el Ejecutivo declare un estado de sitio focalizado en el sistema penitenciario con participación del Ejército de Guatemala, en una fórmula similar al régimen de excepción aplicado en años recientes en El Salvador.
El subdirector de Investigación Criminal respaldó en parte esa propuesta al afirmar que un 30% de los privados de libertad concentra la capacidad de generar órdenes de homicidio y extorsión. El funcionario sostuvo: “Fuera importante militarizar a este treinta por ciento de privados de libertad para poder bajar los índices de violencia en nuestro país”.
Al cierre de la comparecencia, el diputado pidió a los mandos de la PNC informes adicionales para el lunes siguiente. Entre ellos solicitó uno sobre empresas de servicios de internet y cable presuntamente vinculadas a privados de libertad y otro sobre el seguimiento a una denuncia de seguridad presentada por la organización Monja Blanca en la zona 5 de la capital.
