La suplantación del estado de derecho por el terrorismo de Estado para institucionalizar las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ha sido hecha con una larga cadena de delitos como falsificaciones, masacres, violación de derechos humanos, extorsiones, usurpaciones, atribuirse los derechos el pueblo, traición y más, dando lugar a constituciones, leyes y un sistema resultado del crimen. En estas condiciones, en la restitución de la democracia es imprescindible recordar que los hechos criminales no producen Derecho, son nulos.
El principio fundamental del derecho “ex injuria ius non oritur” que significa “de lo ilegal no nace el derecho”, resume uno de los pilares básicos del estado de derecho por el que “ningún acto ilegal, delito o violación de la ley puede generar una situación jurídica valida o conferir derechos a quien cometió la infracción”. Es el fundamento para evitar legitimar la delincuencia, el delito y sus frutos.
Cualquier producto del delito es nulo y la “nulidad en Derecho es la situación de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma o acto deje de desplegar sus efectos jurídicos”. Lo nulo nace muerto, no puede ser confirmado y solo rige -en el caso de los sistemas jurídicos del socialismo del siglo 21- porque fueron impuestos por la fuerza y la violencia, por el delito.
El socialismo del siglo 21 ha expandido el modelo dictatorial de Cuba reemplazando los elementos esenciales de la democracia por el terrorismo de Estado, la concentración del poder, el centralismo, la impunidad, el sistema de dictadura electoralista en el que pueblo vota pero no elige y los narcoestados como modelo de control delictivo. Por eso hoy Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son países con estructuras jurídicas que violan la libertad y los derechos humanos, que no tienen estado de derecho, que simulan separación e independencia de poderes, que impiden la libre organización política y que han institucionalizado el fraude electoral.
La estructura jurídica impuesta por el socialismo del siglo 21 o castrochavismo es uniforme en las Américas. Se trata de la concentración total del poder con proclama de soberanía, de la usurpación de la soberanía nacional con declaración de populismo, de la violación de derechos humanos con rótulo de liberación, de la formulación de un sistema jurídico violando el derecho y sin justicia. Los sistemas constitucionales y jurídicos que hoy tienen Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no son derecho ni justicia porque simplemente no son legales, son el resultado de delitos y están destinados a proteger el crimen.
Los delitos para suplantar o reemplazar la estructura jurídica democrática por la dictatorial son falsificaciones, usurpación de poder, persecuciones y violaciones de derechos humanos, masacres sangrientas y en el caso de Cuba fusilamientos, acusaciones falsas, presos políticos, tortura, exilio, confiscaciones, destituciones, cesación arbitraria de mandatos, uso de la fuerza, violencia, extorsiones, atribuirse los derechos del pueblo y más. Cada país víctima tiene un compendio de los crímenes y la prueba está en sus actuales sistemas jurídicos y en cómo fueron impuestos.
El tiempo de esta ignominia de más de 67 años en Cuba, más de 26 en Venezuela, más de 20 en Bolivia y más de 19 Nicaragua ha llevado a los ciudadanos -sobre todo a los más jóvenes- al sometimiento, a la indefensión, a percibir la infamia como normalidad. Ha producido un cambio de conducta en las sociedades, desplazando los principios y valores democráticos y republicanos por posturas permisivas e incluso delictivas para simplemente sobrevivir o tener éxito. Por eso en tiempos de cambio para restituir la democracia es vital identificar con claridad el delito y quitarle el barniz de normalidad.
La restitución de la democracia consiste en reestablecer como mínimo el sistema jurídico con los elementos esenciales de la democracia y eliminar los elementos de la dictadura que los suplantan. Mientras existan constituciones y leyes castrochavistas vigentes en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no habrá democracia y quienes lleguen al gobierno serán meros operadores de un sistema delictivo.
Las constituciones y sistemas jurídicos impuestos con delitos, con fuerza y violencia son ahora defendidos usando el miedo. Quienes están interesados en sostenerlos asustan a la gente con la supuesta inseguridad jurídica que traería el retorno al sistema del estado de Derecho, argumentando que todo lo actuado en el tiempo del sistema delictivo impuesto sería nulo en el ámbito civil o comercial, lo que simplemente no es cierto. Usan este argumento proponiendo reformar el sistema impuesto delictivamente, lo que legalizaría el resultado del crimen al ser usado como base de tal reforma.
En cada uno de los países afectados -Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua- el iter criminis de la imposición por el socialismo del siglo 21 de constituciones, enmiendas, reformas y leyes que han construido su sistema jurídico, tiene delitos y tiempos específicos con una metodología y objetivo común. Son hechos criminales con los que han creado constituciones y leyes que para retornar a la democracia, no son ni pueden considerarse como Derecho.
* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.
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