A 1.750 metros bajo el lecho marino, frente a Vinaròs, hay un almacén de gas que nunca ha vendido ni un solo metro cúbico. Cuatro gobiernos distintos, dos colores políticos y 4.700 millones de euros en total, según la propia orden ministerial de 2017, el Castor sigue ahí: sellado, hibernando y, aun así, generando facturas. La última: 200 millones de euros, con previsión —otra más— de cerrarlos "este verano" y gastar otros 50 millones en desmantelamiento. Sumado todo, la factura pública y de los consumidores ya se acerca a los 1.700 millones que el ministro José Manuel Soria calculó en 2013. Enagás, entretanto, cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio de 126,9 millones, un 27,9% menos que en el mismo periodo de 2025.
El origen. La idea ya figuraba en la planificación energética de 2002, bajo gobierno de José María Aznar, aunque se descartó por prematura. En 2006, con Zapatero y Montilla en Industria, Castor pasó a ser "urgente" y "prioritario". La concesión, otorgada por el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo a Escal UGS —66,67% de ACS, el resto de la canadiense Dundee—, incluía una cláusula rarísima en su artículo 4: si la concesión se extinguía, la empresa cobraría el valor de sus instalaciones aunque mediara "dolo o negligencia" por su parte. El decreto, de 30 años de duración prorrogables a otros 20, fue modificado en 2011 para ajustar plazos de puesta en marcha, ya con retraso. El ministro que la firmó, Miguel Sebastián, culpó después a su antecesor, Joan Clos, de habérsela colado.
Lo construido. Escal reutilizó un antiguo yacimiento petrolífero —Shell había extraído allí 56 millones de barriles entre 1975 y 1989— para montar una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros y una planta en Vinaròs bautizada "Ignacio Pérez", en honor al hermano fallecido de Florentino Pérez. Capacidad: un tercio de la demanda española de gas durante 50 días, 1,9 bcm. Para cuando terminó la obra, a mediados de 2012, la crisis ya había hundido esa demanda a la mitad. El almacén nació obsoleto antes de estrenarse.
Los terremotos. Las pruebas de inyección arrancaron en junio de 2013 y dispararon más de 400 microseísmos entre junio y septiembre, con alarma social en Castellón y Tarragona. El 26 de septiembre se paró la inyección; el 3 de octubre, el ministro José Manuel Soria lo confirmó mediante el Real Decreto-ley 13/2014 y calificó de "abusiva" la cláusula de indemnización. Pidió al Supremo que la anulara.
Perdió: el alto tribunal falló a favor de la cláusula el 14 de octubre, once días después. La ciencia nos confirmó el pinchazo: en mayo de 2017, el MIT y Harvard vincularon los temblores con la inyección; un mes después, un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid publicó la confirmación definitiva. "Sismicidad inducida" causada directamente por la presión de la inyección, y "sismicidad disparada" por la reactivación de una falla próxima al aumentar la presión de poros en el subsuelo, algunos de intensidad III en la escala EMS98. Ya van más de 1.000 microseísmos registrados en la zona, por cierto.
El efecto bumerán. Los seísmos también reventaron por dentro a la Administración. En enero de 2015, un juzgado de Vinaròs imputó a 18 personas por prevaricación medioambiental, ninguna de ellas política: técnicos del Instituto Geológico y Minero y de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, acusados de no haber evaluado el riesgo sísmico antes de aprobar el proyecto. Teresa Ribera, entonces entonces secretaria de Estado que firmó la declaración de impacto ambiental, tampoco fue imputada.
Resultado: bloqueo generalizado. Nadie firmó nada y redujeron a 5 las declaraciones de impacto ambiental publicadas en el BOE ese año, frente a 38 en 2015 y 122 en 2009. El atasco afectó a proyectos que nada tenían que ver con el gas: una mina en Extremadura con 400 empleos paralizados 14 meses, o la ronda sur de Málaga, esperando su papeleo ambiental desde 2015.
