Un ejecutivo mexicano reveló que Diego Sebastián N, hoy vinculado a proceso por el multihomicidio de Atizapán, lo amenazó a través de un chat de WhatsApp a mediados de julio de 2026, semanas antes de que el argentino asesinara al músico Jonathan “Honas” Meléndez, a su esposa embarazada Ana Paula, a su hija Sofía de tres años, a la trabajadora del hogar Aleyda y a la mascota de la familia. Las amenazas nacieron de una apuesta ficticia sobre la Copa del Mundo y escalaron hasta que el acusado le dijo a la víctima que sabía dónde vivía.
El testimonio, compartido por el periodista Antonio Neto, coincide con la semana en que una jueza de control vinculó formalmente a proceso a Diego Sebastián N y a su cómplice Gerardo N. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó hasta 60 pruebas en la primera audiencia tras la detención.
Diego Sebastián N amenazó a la víctima en un chat grupal de WhatsApp
El hombre, identificado por Antonio Nieto bajo el anonimato para proteger su seguridad, formaba parte de un grupo de WhatsApp integrado por mexicanos residentes o con vínculos en España. Diego Sebastián participaba en ese chat porque él y su pareja residían en España.
Todo comenzó a principios de julio, en plena efervescencia de la Copa del Mundo. La víctima compartió en el grupo un enlace a un estudio elaborado por un economista alemán que predecía al ganador del torneo mediante un modelo matemático.
Diego Sebastián respondió con burla. La víctima le aclaró que el análisis se basaba en datos duros y no en especulaciones.
La discusión derivó en una supuesta apuesta. El ejecutivo, presionado públicamente frente a los demás miembros del grupo, lanzó una cifra de 10.000 euros —aproximadamente 196.000 pesos mexicanos— que él mismo consideró simbólica y sin compromiso real.
El acusado, en cambio, se tomó la conversación con absoluta seriedad. A medida que los resultados del torneo no coincidían con el estudio original, Diego Sebastián comenzó a enviarle mensajes privados con insultos y exigencias de pago.
Cuando la selección señalada por el modelo como ganadora quedó eliminada, las reclamaciones se convirtieron en amenazas directas. El argentino amedrentó a la víctima tanto en el chat público como en privado y llegó a asegurarle que conocía la ubicación exacta de su domicilio.
La salida abrupta del chat coincidió con denuncias de estafa en redes sociales
Tras aproximadamente una semana de acoso sin que ningún otro miembro del grupo respaldara sus exigencias, Diego Sebastián abandonó el chat de forma repentina a mediados de julio. Su salida coincidió con la aparición de denuncias en redes sociales que lo vinculaban a él y a su pareja con presuntas estafas en la renta de inmuebles vacacionales de lujo en Acapulco y Cuernavaca.
La FGJEM ya buscaba al acusado por un caso de fraude, según confirmó el periodista Antonio Nieto la semana anterior a la publicación del testimonio. Presuntos clientes de su arrendadora denunciaban pagos por estancias vacacionales que nunca se materializaron.
Poco después de que Diego Sebastián dejara el chat, otro integrante del grupo contactó en privado a la víctima para advertirle. “Cuidado con Diego, ese está enfermo por dinero y hace lo que sea por el dinero”, le escribió esa persona, según relató el ejecutivo a Antonio Nieto.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reveló además que Diego Sebastián N acumula dos carpetas de investigación previas en la capital: una de 2007 por violencia familiar y otra por el delito de amenazas, presentada por una mujer de la tercera edad. La funcionaria precisó que ninguno de esos expedientes guarda relación directa con el multihomicidio de Atizapán.
El hijo sobreviviente identificó a Diego Sebastián N y la jueza lo vinculó a proceso el 9 de septiembre
El martes 1 de septiembre de 2026, Diego Sebastián N irrumpió en el departamento PH1 de la Torre 4 del fraccionamiento Residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. Según la indagatoria de la FGJEM, el acusado habría utilizado una pistola con silenciador para disparar en la cabeza a las cuatro víctimas y a la mascota de la familia, una golden retriever llamada Nala.
El único sobreviviente fue el hijo mayor de la pareja, un niño de cinco años que se escondió durante el ataque. Las autoridades lo rescataron horas más tarde, cuando los primeros policías llegaron al lugar.
Durante la audiencia del 9 de septiembre, se dio a conocer que el menor identificó a Diego Sebastián N como una de las personas presentes en el departamento de su familia. El niño aún no ha rendido declaración formal ante el Ministerio Público por el impacto emocional que sufrió.
Los fiscales señalaron ante la jueza que el móvil del crimen estaría vinculado a una billetera de criptomonedas —denominada “cartera fría”— que Honas Meléndez tenía en su casa. El acusado le reclamaba al músico un préstamo impagado.
El testimonio de la víctima dibuja un patrón de conducta marcado por el amedrentamiento y la violencia verbal ante cualquier disputa económica. Su experiencia en el chat muestra a un hombre que pasaba de la broma al acoso en cuestión de horas ante la posibilidad de perder dinero.
Diego Sebastián N y Gerardo N enfrentan penas que podrían superar los 280 años de prisión
La jueza de control vinculó a proceso a Diego Sebastián N y a su cómplice Gerardo N el miércoles 9 de septiembre, en una audiencia celebrada en los juzgados del Penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva en ese centro penitenciario durante el periodo de investigación complementaria.
La juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para las indagatorias, menor a los seis que había solicitado el Ministerio Público. La fecha límite para el cierre de la investigación quedó establecida para el 9 de enero de 2027.
Los dos acusados enfrentan cargos formales de homicidio calificado en agravio de cuatro personas, interrupción materno-infantil violenta del embarazo —dado que Ana Paula cursaba cuatro meses de gestación— y crueldad contra los seres sintientes por la muerte de Nala. Ninguno de los dos rindió declaración durante la audiencia y sus abogados no presentaron pruebas para impedir la vinculación.
Durante los cuatro meses de investigación complementaria, la FGJEM realizará peritajes psicológicos al menor sobreviviente, análisis de estados de cuenta bancarios y estudios especializados en telefonía celular. El delito de homicidio calificado contempla una pena de hasta 70 años de prisión por cada víctima, lo que podría derivar en una sentencia acumulada superior a los 280 años de cárcel para ambos imputados.
