Gustavo Álvarez no tiene certezas sobre la Justicia. Tiene una hija, Alexa, que hace casi cuatro años subió a un auto en el Camino de las Altas Cumbres y bajó con el cuerpo partido en dos: el de antes y el de después. Y tiene, también, una certeza incómoda: que la pena que la fiscalía pidió para Oscar González —tres años y diez meses— no repara nada. No cierra nada. No alcanza.
El juicio que juzga a Oscar González, exlegislador provincial del PJ cordobés, por el choque frontal que protagonizó el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, se encuentra en su tramo final.
Al volante de una camioneta BMW – auto judicializado-, González invadió el carril contrario y embistió de frente al Renault Sandero que conducía la docente Alejandra Bengoa, quien murió en el acto.
En el mismo auto viajaban las adolescentes Marina Szulewicz y Alexa Miranda, que sobrevivieron con heridas de gravedad y secuelas irreversibles. El tribunal, a cargo del juez Santiago Camogli, dictará sentencia en octubre. Por eso, traemos la palabra de un padre, que pide justicia.
Una relación que nunca fue normal
«Con la fiscal nunca tuvimos una relación normal, porque siempre se mostró parcial», dice Álvarez, sin vueltas. La acusación es directa: sostiene que la fiscal Analía Gallaratto fue comprada con una propiedad en Traslasierra, adquirida en 2023, con una construcción valuada en 300 mil dólares. Dice que eso fue denunciado ante el Poder Judicial, con datos y pruebas incluidos. Dice que ni el propio ministro de Justicia pudo explicar esa situación.
¿Cuánto vale, en dólares, mirar para otro lado? Es la pregunta que sobrevuela cada audiencia de este juicio.
Una defensa con historial
Álvarez no se detiene en la fiscal. Apunta también contra los tres abogados que defienden a González: dice que Ortiz Pellegrini fue denunciado por abuso a una docente de la Facultad de Derecho de la UNC; que Caeiro, siendo defensor público, fue denunciado por la venta de exámenes judiciales —absuelto, pero con sumario administrativo—; que Bazán fue denunciado por la propia familia por enriquecimiento ilícito, mientras era empleado de la Legislatura y defensor de González al mismo tiempo.
«Nunca litigaron honestamente. Son un reflejo de la mala praxis jurídica y de la corrupción», resume. Para él, no es una defensa: es una asociación.
Más allá de una cifra, la dignidad humana
Las tres actoras civiles del juicio reclaman en conjunto una cifra que ya trascendió: $11.776 millones. La defensa – si, la misma que tiene antecedentes – la calificó de «desproporcionada». Álvarez la explica distinto.
«Más que un pedido, es una explicación al juez de lo que es en sí toda la demanda», dice. La cobertura médica de Alexa —la que más pesa en el monto total— no termina nunca: son secuelas para toda la vida. «Nuestra pretensión no es que nos den el dinero. Queremos que nos garanticen la cobertura de salud integral hasta el último día de vida de Alexa.»
Ahí aparece el otro nombre en la causa: la Provincia de Córdoba. González manejaba un vehículo oficial de forma particular, algo irregular para un funcionario. No tenía licencia habilitada para circular fuera de su municipio, Las Tapias, por acumulación de multas. «Si Schiaretti y Calvo, que sabían en qué condiciones andaba González con esos vehículos judicializados, lo hubieran prohibido, hoy Alexa estaría caminando», dice Álvarez. La responsabilidad, para él, empieza mucho antes del 29 de octubre de 2022.
La vida en pausa
«Nuestro día a día, hoy a casi cuatro años del crimen vial, sigue siendo el pedido de justicia. En cuanto al resto de las cosas, hemos tenido la vida en pausa», cuenta. Habla de desgaste, de salud mental vulnerada, de una familia que además de reclamar justicia tuvo que pelear cada prestación médica que el Estado debería haber garantizado sin que nadie lo pidiera.
Y traza un paralelismo que no busca la comodidad de nadie: compara la violencia institucional que dice haber sufrido con el terrorismo de Estado. «Uno actua en dictadura, el otro actúa en democracia. El mayor ataque hacia quienes denunciamos corrupción o pedimos justicia es vulnerar nuestra salud mental.» Es una definición dura. Es, también, la que le queda después de cuatro años de audiencias, denuncias y silencios oficiales.
Frente a frente
¿Qué le diría a Oscar González si lo tuviera enfrente? Álvarez lo piensa poco. «No sé si valdría la pena decirle algo.» Lo describe sin responsabilidad asumida, sin culpa mostrada, con la misma actitud —dice— que tuvieron los genocidas cuando fueron juzgados. «Es un narcisista egocéntrico, un psicópata asesino. No hay forma de hablar con este tipo de personas.»
No es una frase pensada para la polémica. Es el límite al que llega un padre cuando entiende que no hay diálogo posible con quien nunca pidió perdón.
La defensa presentará sus alegatos el 28 de septiembre y pedirá la absolución total. El juez Santiago Camogli deberá resolver en octubre qué pena —si la hay— compensa lo que se perdió en Altas Cumbres. Para Gustavo Álvarez, la respuesta ya está escrita en el cuerpo de su hija.
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