Madrid, 10 sep (EFE).- Cinco exconsejeros de la Comunidad de Madrid han testificado en el juicio de la trama Lezo relacionada con el PP que desconocen si los acusados, entre ellos dos compañeros suyos en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, llevaron a cabo operaciones irregulares con la empresa pública Canal de Isabel II.
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista, en la que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos los exconsejeros Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, que en el momento de los hechos, en 2001, formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.
También son juzgados tres excargos de Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR).
La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por cieno de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..
La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
Este jueves han declarado como testigos en la vista los entonces consejeros de Justicia y Administraciones Públicas, María Paz González García; de Sanidad, José Ignacio Echániz Salgado; de Educación, Carlos Mayor Oreja; de las Artes, Alicia Moreno Espert, y de Servicios Sociales, Pilar Martínez López.
La fiscal les ha preguntado si amparándose en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Canal de Isabel II podía adquirir algo diferente, es decir en vez del 75 por ciento de Inassa comprar el 51 por ciento de WATCO y el 100 por cien de SAA, o si hubiera sido necesario para ello que la empresa pública hubiera presentado otra propuesta diferente.
Al respecto María Paz González ha declarado: "Nosotros lo que hacíamos era autorizar a que Canal de Isabel II ejecutase el acuerdo que habían adoptado en su Consejo de Administración".
Por su parte José Ignacio Echániz ha asegurado que lo desconocía y Carlos Mayor Oreja ha dicho: "No estoy en condiciones de añadir nada más".
Carlos Mayor Oreja ha recordado que fue el predecesor de Pedro Calvo en la presidencia de Canal de Isabel II y que esta empresa ya aprobó su plan de expansión internacional y de diversificación en abril de 2000, respecto al que "no hubo objeción alguna".
Alicia Moreno ha asegurado que a ella no le informaron de los detalles de la operación ni de cómo se había gestado.
La fiscal le ha preguntado "si en algún momento autorizó con ese acuerdo a que se compraran otros activos diferentes al 75 por ciento de INASSA" y "si se le pidió autorización para adquirir una sociedad que en ese momento estaba residenciada en un paraíso fiscal", y en ambos casos la exconsejera ha dicho que "no".
Por último, Pilar Martínez López ha señalado: "La autorización la dimos para lo que lo dimos, para el expediente que fue informado favorablemente, que todos conocíamos".
El abogado de la acusación ejercida por la Comunidad de Madrid le ha preguntado si recuerda que cuando hablaban de este asunto se referían específicamente a una empresa radicada en Barranquilla (Colombia) o también a otra en Panamá.
"Yo no recuerdo nada de Panamá y de lo que se hablaba era de una sociedad que estaba en Barranquilla", ha indicado la exconsejera. EFE
