El debate sobre las jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende la organización del tiempo de trabajo y alcanza temas como la productividad, la salud mental y la calidad de vida de los empleados.
En medio del avance legislativo del proyecto de ley 24.290, “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, que propone trabajar cuatro días de 12 horas y descansar tres, el investigador en desarrollo económico Julimar Da Silva Bichara advirtió que ampliar las horas continuas de trabajo podría generar el efecto contrario al que buscan las empresas.
“Tener a una persona trabajando 12 horas en un mismo día más bien afecta la productividad. Todos estamos muy bien por la mañana y por la tarde vamos bajando. Es algo natural y atenta contra la condición de vida de una persona”, afirmó el especialista.
Riesgos más allá de la productividad
De acuerdo con el investigador, el impacto de una jornada prolongada no se limita al rendimiento que pueda tener un trabajador durante las últimas horas de su turno.
Permanecer durante largos periodos en el lugar de trabajo también podría aumentar la exposición a riesgos psicosociales, con posibles consecuencias sobre la salud mental.
Esto, advirtió, podría terminar teniendo repercusiones incluso fuera del ámbito empresarial.
Problemas asociados con el estrés, agotamiento u otras afectaciones vinculadas con extensas jornadas podrían generar una mayor presión sobre los servicios públicos de salud y, eventualmente, traducirse en una demanda adicional de recursos estatales.
Para Da Silva, la discusión costarricense ocurre además en un momento en que otros países avanzan hacia una dirección distinta: reducir las horas trabajadas por semana.
Chile, por ejemplo, aprobó en 2023 una legislación destinada a disminuir progresivamente la jornada de 45 a 40 horas semanales.
Colombia también avanza con una reducción gradual y durante este año la jornada alcanza las 42 horas semanales, mientras otros países han impulsado reformas orientadas a disminuir el tiempo laboral.
En Europa, el investigador citó experiencias como las de Francia, Alemania, Reino Unido y Noruega. En el caso francés, la jornada semanal se sitúa en 35 horas, una de las más reducidas dentro de la Unión Europea.
“Muchos estudios ponen de manifiesto que la reducción de la jornada laboral incrementa la productividad”, aseguró Da Silva.
El experto agregó que disponer de más tiempo libre no solo podría beneficiar al trabajador, sino también tener efectos positivos en otros sectores económicos.
“La persona trabajadora puede aprovechar sus horas de descanso para realizar actividades lúdicas o de entretenimiento que van a reactivar a otro sector de la economía, que antes no se daba porque la persona llega cansada a su casa y va directo a dormir”, explicó.
Costa Rica tiene una informalidad laboral del 35.5%
Da Silva también abordó otro de los principales desafíos de los mercados laborales latinoamericanos: la informalidad.
Costa Rica registra una tasa de informalidad de 35.5%, una de las menores entre los países latinoamericanos citados por el investigador, aunque todavía representa un desafío importante para el crecimiento económico.
Uruguay presenta la cifra más baja entre los ejemplos mencionados, con 22.4%, seguido por Chile, con 25.1%.
En el extremo contrario se encuentran Perú, con 69.8%; Ecuador, con 70.1%; y Bolivia, con 82.2%.
Según Da Silva, existe una relación importante entre los niveles de formalidad laboral y las posibilidades de crecimiento económico.
“Los sectores informales son, por lo general, de baja productividad, lo que significa que producen menos por cada hora de trabajo”, manifestó.
El investigador sostuvo que los trabajadores informales suelen tener menores posibilidades de capacitación, estabilidad económica y acceso a mecanismos de protección social.
En contraste, indicó que dentro de la economía formal existen mayores oportunidades de movilidad social, ingresos más constantes, capacidad de consumo, acceso al crédito y posibilidades de obtener una pensión.
El promedio regional sigue siendo elevado
La informalidad laboral tampoco es un fenómeno reciente.
Da Silva señaló que antes de 1950, cuando las regulaciones laborales eran mucho más limitadas, la informalidad global rondaba el 30%.
Sin embargo, diferentes procesos económicos posteriores, como las crisis de deuda, la sustitución de importaciones, la globalización y la apertura de los mercados, contribuyeron a que el promedio alcanzara aproximadamente 43.1% a inicios del presente siglo.
Entre los países latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio citado por el especialista se ubica en 48%.
Frente a ese panorama, Da Silva considera necesario que los gobiernos impulsen regulaciones más sencillas para promover la incorporación de trabajadores a la economía formal, fortalezcan la inspección laboral y prevengan prácticas que puedan dejar a empleados fuera de las garantías laborales.
También destacó la importancia de respaldar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para facilitar su participación en políticas de empleabilidad y formalización.
Migración como respuesta a la falta de trabajadores
El investigador también cuestionó la idea de que los flujos migratorios necesariamente provocan un aumento de la informalidad.
A su juicio, una migración correctamente regulada puede convertirse en una herramienta para atender la falta de trabajadores que enfrentan algunas economías.
“Las economías desarrolladas tienen un problema de oferta de trabajo, de población disponible. Y los flujos migratorios, siempre que se legalicen, alimentarían ese mercado”, afirmó.
Da Silva mencionó como ejemplo el proceso extraordinario de regularización impulsado en España, que recibió aproximadamente 1,2 millones de solicitudes.
El especialista sostuvo además que la migración tendrá una importancia creciente ante el proceso de envejecimiento poblacional que atraviesan numerosos países y la consecuente necesidad de contar con mano de obra disponible.
“Una migración regulada permite atender a esta mayor demanda que tienen las empresas por trabajadores, sin incrementar los costos”, concluyó.
En Costa Rica, entretanto, la discusión sobre las jornadas 4x3 continúa en el ámbito legislativo, mientras diferentes sectores económicos, políticos y académicos mantienen posiciones encontradas sobre los eventuales beneficios y riesgos de permitir turnos de hasta 12 horas diarias.
