El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este 8 de septiembre el Decreto 1368, que levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una medida que, según el abogado Óscar Jiménez, elimina un trámite adicional para los ciudadanos que aspiren a obtener esa autorización.
El especialista en derecho penal y criminología sostuvo que el cambio no habilita el porte libre de armas. Afirmó que las personas interesadas deberán conservar los requisitos, controles y permisos exigidos por las autoridades competentes.
La decisión presidencial pone fin a la suspensión general que restringía el porte de armas y que, de acuerdo con la explicación de Jiménez, obligaba a ciertos solicitantes a gestionar una autorización especial, aparte del permiso ordinario.
La medida elimina un permiso adicional que se renovaba cada año
Jiménez indicó que el esquema anterior incluía excepciones para determinados titulares de permisos. Quienes no encajaban en esas situaciones debían pedir un aval especial de forma anual y esperar su aprobación.
“Lo que hace es eliminar la figura jurídica” que imponía ese permiso adicional, explicó el abogado a la emisora. El cambio recae sobre ese trámite extraordinario y no sobre los controles previstos para autorizar la tenencia o el porte de armas.
El experto señaló que una persona puede acceder a un arma de fuego si reúne las exigencias legales y obtiene la autorización luego de los procedimientos establecidos. Entre los criterios que mencionó están la justificación económica, la acreditación de riesgo, los exámenes médicos y una entrevista.
Los permisos seguirán bajo control de las autoridades competentes
El presidente De la Espriella afirmó que la norma no implica un “porte indiscriminado”. En un mensaje divulgado en su cuenta de X, sostuvo que seguirán vigentes las condiciones y autorizaciones exigidas por el Estado.
“Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”, manifestó el jefe de Estado al anunciar la firma del decreto. También aseguró que su administración enfocará sus acciones en las armas que circulan de manera ilegal.
Según cifras citadas por el mandatario, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026. De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, de acuerdo con su publicación.
