El levantamiento de la suspensión general para el porte de armas de fuego en Colombia que firmó el presidente Abelardo de la Espriella despertó todo un debate tanto en el país político como en la ciudadanía.
El primer dignatario defendió la medida debido a que “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, escribió.
El jefe de Estado aseguró que “las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, nuestra fuerza pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”.
Pero ante la pregunta de qué es lo que implica esta medida, el presidente fue claro en que no se trata de quitar las regulaciones actuales sobre el porte legal de armas.
El decreto de De la Espriella lo que hace es restablecer la eficacia de permisos individuales vigentes, pero no habilita a cualquier ciudadano para portar un arma.
El jefe de Estado lo resaltó en sus declaraciones oficiales: “Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla. Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”.
Cuál fue la suspensión que levantó el presidente De la Espriella
Gabriel Cifuentes Ghidini, reconocido analista político, académico y experto en Derecho Internacional y Derecho Penal, explicó en Infobae Colombia que la norma, firmada el 8 de septiembre de 2026, efectivamente dejó sin efecto la suspensión que operaba de forma general sobre los permisos de porte.
Es decir que el cambio devuelve la regulación al esquema previsto en el Decreto Ley 2535 de 1993, sin modificar los requisitos de acceso ni los controles de las autoridades.
“Ese decreto en particular se renovaba cada año, la última vez en el 2025. Este año —2026—no se renueva como venía siendo usual durante los últimos años, el decreto que suspendía los permisos y el uso de armas, sino que permite, tal y como lo establece el decreto 2535 del 93, que las autoridades competentes nuevamente comiencen a otorgar los permisos”, detalló.
“Esto no es nada distinto o no contiene requisitos distintos a los ya establecidos en el decreto 2535 del 93″, agregó.
Cifuentes Ghidini señaló que las autoridades militares seguirán a cargo de expedir, renovar, suspender, cancelar o revocar los salvoconductos. Los interesados deberán acreditar, entre otras condiciones, que no tienen antecedentes, que son mayores de 25 años y que cuentan con aptitud física, mental y psicofísica para el manejo de armas.
De hecho, la decisión tampoco beneficia a quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. Tampoco habilita el porte cuando existe una prohibición judicial o cuando el documento autoriza únicamente la tenencia del arma.
Los riesgos
Ante los temores que puede despertar esta medida en medio de los colombianos que temen que puedan venderse armas de manera libre e indiscriminada, la aclaración es que, por ahora, no será así.
El también analista político David Cancino explicó en sus redes sociales que no hay que creer que “lo que se hizo fue permitir la compra de una bazuca en un D1 (sic)”.
“Para usted tener permiso de porte y\o tenencia de un arma legal en Colombia tiene que: ser mayor de edad, cédula, sin antecedentes; registrarse en Siaem 2.0, pasar examen médico y de manejo; comprar el arma a Indumil, registrarla; pagar las tasas. El presidente levantó la restricción a los que YA tenían ese permiso para EL PORTE (sic)”, agregó.
De hecho, insistió en que la comercialización desregulada ya se realiza en el país al margen de la ley: “Cualquiera puede ir hoy a comprarse una 9mm en Corabastos si pregunta bien y tiene efectivo. La compra barata, sin permisos, restricción de edad, burocracia o cuotas. Hace décadas que los fleteros, sicarios y ladrones se arman como y cuando quieren”.
Aún así, ya en la legalidad, existen desafíos. Para Cifuentes Ghidini el cambio puede aumentar el número de armas legales en circulación y permitir que más personas las lleven fuera de sus hogares o lugares autorizados.
“Los delincuentes, por supuesto, no van a tramitar permisos ante las autoridades competentes y seguramente compran las armas en el mercado negro”, explicó. No obstante, sostuvo que permitir el porte para quienes ya cuentan con salvoconductos puede ampliar la disponibilidad de armas en espacios públicos.
“Levantar la suspensión para otorgar permisos y para dar y para autorizar el porte de armas, simplemente lo que va a hacer es aumentar el número de armas, sí, legales, pero aumentar el número de armas, permitirle a los ciudadanos que porten legalmente un arma y eventualmente usarla en casos de necesidad”, comentó.
“Lo que los estudios académicos han demostrado es que el aumento del porte de armas no incide positivamente en términos de seguridad, sino todo lo contrario. Puede tener incluso un aumento del uso de las armas y un aumento de las fatalidades asociadas con este tipo de elementos”, concluyó.
