El pedido de facultades legislativas por 120 días presentado por el Ejecutivo de Perú abrió una discusión sobre seguridad ciudadana, inversión privada y empleo juvenil, tres asuntos que el Gobierno considera urgentes. La propuesta busca habilitar la emisión de decretos legislativos en materias específicas, aunque su contenido despierta dudas por el nivel de detalle disponible y por la ausencia de definiciones operativas en áreas sensibles.
El desempleo juvenil alcanzó el 10,7% en 2025, una tasa que duplica el promedio nacional y refleja las dificultades de acceso al mercado formal para una parte de la población. La iniciativa del Ejecutivo plantea ampliar la oferta laboral y financiar la contratación de jóvenes en empresas. Sin embargo, todavía no precisa los requisitos, los mecanismos de financiamiento ni las metas que permitirían medir los resultados.
Las facultades legislativas habilitarían al Ejecutivo a dictar normas durante cuatro meses
La economista Paola del Carpio, integrante de la Red de Estudios para el Desarrollo, explicó a Latina Noticias que la delegación de facultades suele utilizarse cuando un Gobierno considera que determinados problemas no pueden esperar el debate de proyectos de ley individuales en el Congreso. Bajo ese esquema, el Ejecutivo recibe una autorización temporal y emite normas dentro de los límites establecidos por el Parlamento.
Una vez vencido el plazo, el Congreso revisa los decretos legislativos aprobados. El procedimiento busca acelerar decisiones, pero también requiere una delimitación clara de las materias autorizadas. En el caso peruano, la solicitud se apoya en la necesidad de responder a problemas de seguridad, dinamizar la economía y mejorar las oportunidades laborales, aunque varios aspectos de la propuesta aún no permiten anticipar su aplicación.
La inseguridad afecta a los negocios y condiciona las posibilidades de contratación
La seguridad ciudadana es uno de los pilares del pedido. Del Carpio advirtió que las extorsiones se multiplicaron por cinco desde antes de la pandemia, una expansión que contribuye a la frustración social y golpea a las empresas. Los emprendimientos pequeños y medianos se encuentran entre los más expuestos, debido a que enfrentan amenazas, pagos ilegales y mayores costos para continuar con sus actividades.
El efecto del delito excede la pérdida económica inmediata. Cuando una empresa limita horarios, posterga una inversión o decide no abrir una nueva sucursal por razones de seguridad, también reduce sus posibilidades de incorporar personal. Para los jóvenes que buscan su primer empleo, esa situación implica menos vacantes y mayores barreras de entrada a un mercado laboral donde la experiencia previa suele ser un requisito recurrente.
El texto propone seis medidas para jóvenes, pero no detalla cómo funcionarán
El capítulo laboral del pedido de facultades contiene seis medidas orientadas a mejorar la inserción de jóvenes. Según explicó Paola del Carpio, el documento plantea financiar contrataciones en empresas y ampliar la oferta de empleo, pero presenta formulaciones generales. No queda definido qué compañías podrán acceder a los beneficios, qué condiciones deberán cumplir ni cuánto tiempo durarían los incentivos.
Tampoco se conocen los criterios para identificar a los jóvenes que serían alcanzados por la política. El dato adquiere relevancia porque el 10,7% de desempleo juvenil en 2025 no representa una realidad uniforme. Las dificultades pueden variar de acuerdo con el nivel educativo, el lugar de residencia, la experiencia laboral y el acceso a redes de contacto, factores que influyen en la posibilidad de conseguir un puesto formal.
La recuperación posterior a la pandemia no se trasladó con la misma fuerza a los jóvenes
Del Carpio señaló que el empleo general mostró una mejora después de la pandemia, aunque ese repunte no tuvo la misma intensidad entre los jóvenes. La distancia entre ambos indicadores expone una brecha que no se resuelve únicamente con la creación de vacantes. Quienes ingresan por primera vez al mercado de trabajo suelen competir con personas que ya cuentan con experiencia, formación específica o mayor estabilidad laboral.
La propuesta menciona la necesidad de mejorar la capacitación, pero no explica qué tipo de formación se ofrecería ni qué instituciones participarían. También permanece abierta la discusión sobre el momento en que debería intervenir cada actor. El Estado podría reforzar programas de formación antes del ingreso al empleo, mientras que las empresas podrían asumir un papel en la preparación técnica y en la adquisición de experiencia dentro del puesto de trabajo.
La capacitación deberá responder a las necesidades de las empresas y de los trabajadores
La discusión no se limita a ofrecer cursos o certificaciones. La formación deberá guardar relación con la demanda real de los sectores productivos y con las habilidades requeridas para sostener un empleo. La empleabilidad juvenil depende de conocimientos técnicos, competencias digitales, experiencia práctica y condiciones que permitan a los jóvenes permanecer en el mercado formal una vez concluido un eventual programa de incentivos.
Los mecanismos de contratación subsidiada también requerirán controles para evitar que una empresa reemplace a trabajadores existentes por jóvenes beneficiarios de un esquema estatal. El diseño deberá establecer garantías para que los recursos se destinen a nuevos puestos y no a reemplazos temporales. La duración de los contratos, el acceso a la seguridad social y las posibilidades de continuidad serán elementos centrales para evaluar la calidad de los empleos creados.
El Congreso deberá definir indicadores para evaluar las medidas laborales
El debate parlamentario podrá incorporar exigencias sobre metas, presupuesto y sistemas de seguimiento. El número de jóvenes contratados será un indicador relevante, aunque no el único. También será necesario observar cuántos permanecen en sus puestos después de finalizados los incentivos, si acceden a contratos formales y si los programas de capacitación mejoran de manera efectiva sus posibilidades de inserción.
Para Del Carpio, la situación de los jóvenes tiene una relación directa con la productividad y con la capacidad de competir en un mercado de trabajo más exigente. El pedido de facultades abre la posibilidad de aprobar medidas en un período breve, pero su impacto dependerá de las normas que se emitan, de los recursos asignados y de la supervisión que ejerza el Congreso sobre los resultados obtenidos.
