Granada, 7 sep (EFE).- Las familias de los dos andaluces que permanecen desde hace 20 meses en prisión provisional en Guinea Ecuatorial acusados de corrupción por un proyecto de televisión digital han reclamado al Gobierno que refuerce su trabajo para que se cumpla la legislación.
El granadino David Rodríguez y el cordobés Javier Marañón permanecen en la cárcel de Playa Negra, de Guinea Ecuatorial.
El hermano de David, Javier Rodríguez Ballesta, ha explicado a EFE que la reclamación de un refuerzo de las acciones se produce después de una respuesta "relajada" a la petición de ayuda de las dos familias.
Los dos andaluces fueron detenidos a principios de 2025. Desde su arresto, ambos han perdido unos 20 kilos y combaten una situación de salud delicada, sin acceso a atención sanitaria y sin conocer con exactitud sus dolencias.
Aunque el Parlamento Europeo (PE) solicitó el pasado octubre a las autoridades de Guinea Ecuatorial que levanten la prisión preventiva y reclamó que se garanticen su derecho a un juicio justo, se han registrado pocos avances, según las familias.
Rodríguez Ballesta ha explicado a EFE que los dos detenidos siguen sin fecha de juicio y sin acceso a un abogado y permanecen en prisión provisional, pese a haber superado el límite temporal para este régimen en Guinea, de seis meses.
Sí han logrado de momento visitas semanales, lo que permite a las familias mandarles comida y otros víveres, aunque las condiciones precarias de la prisión impiden, por ejemplo, que coman caliente.
Ambos fueron detenidos por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en el país.
De momento, la Fiscalía de Guinea los acusa de enriquecimiento ilícito pese a que este delito solo puede aplicarse a cargos públicos y en su escrito suma datos y cosas "imposibles", según la familia de los dos procesados.
"España debe ser el motor de la denuncia pero no está haciendo nada", ha criticado Javier, que ha reiterado que los dos presos están en condiciones "inhumanas" que ya les han provocados problemas de salud.
Para agilizar el final de la situación, las familias comenzaron en agosto una nueva estrategia con reuniones y una lista de peticiones al Gobierno de España, al que han reclamado una respuesta contundente ante el estado de salud y las condiciones de la prisión.
Las familias han solicitado que las conversaciones con Guinea se hagan "al más alto nivel político", de presidente a presidente o de ministro a ministro, y apoyar este plan con una respuesta de la Unión Europea según las posibilidades que contempla la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Samoa.
"Anímicamente es una montaña rusa, ellos siempre preguntan por los avances y poco les podemos decir", ha lamentado Javier, que ha insistido en que España "no hace nada" para resolver la situación. EFE
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