Las bajas médicas le salen caras a la Seguridad Social. En 2025, el gasto fue de 18.413,3 millones de euros, el equivalente al 10,4% de los ingresos por cotizaciones sociales. El gasto en bajas laborales crece 6.000 millones en España en cuatro años. Y, según un artículo publicado por Fedea y firmado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, este aumento se debe principalmente a la caída del desempleo. Este experto realiza un análisis sobre la evolución de la incapacidad temporal y ha lanzado varias propuestas, como endurecer el control de las bajas por salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en procesos musculoesqueléticos.
Granado plantea que las bajas por salud mental de larga duración dejen de depender únicamente del seguimiento ordinario y pasen a estar bajo control de profesionales especializados. El documento no fija el número de días a partir del cual debería producirse esa derivación, aunque remite a los procesos que adquieran carácter prolongado.
El autor vincula esta medida con la necesidad de revisar la atención de este tipo de patologías durante la incapacidad temporal. Según recoge la ponencia, una baja extensa en la que el tratamiento se limite a fármacos psicoactivos, sin una estrategia de rehabilitación, puede dificultar la adaptación del trabajador cuando vuelva a su empleo. El planteamiento no cuestiona el acceso a la baja por motivos de salud mental ni propone limitar su duración mediante un criterio automático, sino que se centra en el seguimiento clínico de los procesos largos y en la rehabilitación durante ese período.
Ampliar el papel de las mutuas en procesos musculoesqueléticos
En un apartado diferenciado, el texto propone que los dispositivos sanitarios de las mutuas colaboradoras atiendan todos los procesos musculoesqueléticos. Esta categoría reúne patologías que afectan a músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios o la columna vertebral, como lumbalgias, cervicalgias, tendinitis, lesiones de rodilla, hombro o muñeca y otros problemas similares.
La iniciativa supone ampliar el papel asistencial de las mutuas en bajas por enfermedad común. En la actualidad, estas entidades tienen una presencia vinculada de forma principal a contingencias profesionales, como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, además de determinadas funciones en la gestión de la incapacidad temporal.
El texto plantea que las mutuas cuenten con recursos para tratar el conjunto de los procesos musculoesqueléticos. Si los servicios autonómicos de salud no concertaran esa atención, el autor propone que la Administración del Estado pueda descontar el coste correspondiente de la financiación sanitaria destinada a las comunidades autónomas.
El informe vincula el alza del gasto con la caída del desempleo
El análisis sitúa estas reformas en un escenario de fuerte crecimiento del gasto en incapacidad temporal. La cifra pasó de 12.468,6 millones de euros en 2021 a los más de 18.400 millones de 2025. En esos cuatro años, la tasa de desempleo bajó del 13,3% al 9,9%.
Granado considera que la reducción del paro es el factor que mejor explica el incremento agregado de esta prestación. Su tesis es que un mercado laboral con más empleo aumenta la utilización de las bajas, mientras que la destrucción de puestos de trabajo reduce el gasto.
El documento reconoce que las demoras en pruebas diagnósticas, operaciones, tratamientos y rehabilitación afectan a la duración de las bajas. Aun así, cuestiona que el funcionamiento de los servicios sanitarios explique por sí solo la subida del gasto, ya que la tendencia se ha observado en todos los territorios.
Por otro lado, propone homogeneizar las cuantías de las prestaciones por enfermedad común, enfermedad profesional, mutualismo administrativo y Seguridad Social. Además, plantea aplicar una cotización adicional, revisable, cuando los complementos salariales pactados en convenio se asocien a un gasto superior en incapacidad temporal frente a casos comparables sin ese incentivo.
