El 9 de septiembre marcó una fecha límite para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los salvadoreños en Estados Unidos, aunque todavía no existe un anuncio definitivo de la administración estadounidense sobre la continuidad o cancelación del programa. La falta de una resolución mantiene en incertidumbre a unas 170 mil personas que han vivido durante más de dos décadas bajo esta protección migratoria.
El experto en temas migratorios Jizi Moza resumió el momento con una frase que refleja la expectativa de la comunidad: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”. A su juicio, las autoridades estadounidenses todavía pueden definir un período de transición, renovar el beneficio o confirmar su finalización.
Moza señaló que el Gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de tomar esa decisión. “Ya están establecidos ciertos parámetros y esto da un tiempo perentorio”, afirmó durante una entrevista matutina. También planteó que las elecciones legislativas de medio término podrían influir en el cálculo político de la administración de Donald Trump.
La protección puede continuar mientras llega una decisión oficial
El director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), Abel Núñez, explicó que la legislación del TPS contempla una extensión automática de seis meses si el Gobierno no publica una decisión oficial antes de la fecha límite.
El dirigente de CARECEN advirtió que el escenario todavía puede variar. La administración estadounidense podría cancelar el programa con un período de salida, otorgar seis meses de protección o establecer un plazo menor. También existe una posibilidad remota de renovación.
Moza sostuvo que no habrá una expulsión inmediata de toda la población beneficiaria. “Hay que decir inicialmente que deportación masiva no va a haber”, afirmó. “Están los seis meses perentorios, o más, y no vamos a ver esos trenes, esos aviones llenos de esos hombres”.
La pérdida del permiso de trabajo cambia la situación laboral
Núñez señaló que, aun si la protección contra la deportación se mantiene de forma temporal, los beneficiarios pueden perder la autorización de empleo y enfrentar limitaciones para renovar licencias de conducir vinculadas a ese documento.
Según explicó, el fin del permiso laboral obligaría a muchas personas a salir del empleo formal mientras esperan una decisión definitiva sobre el TPS. “Están protegidos de deportación, pero no pueden ejercer en el sector laboral formal”, dijo.
El director de CARECEN agregó que las autoridades no realizarán redadas masivas contra los tepesianos al día siguiente de una posible cancelación. Sin embargo, quienes queden sin amparo migratorio para permanecer en el país podrían exponerse a un proceso de deportación si son detenidos por agentes migratorios.
¿Qué debe tener listo ante un posible retorno?
Ambos expertos plantearon que las familias deben prepararse para distintos escenarios, sin tomar decisiones apresuradas. Núñez pidió buscar asesoría migratoria para determinar si cada persona cuenta con alguna vía de regularización, como peticiones familiares u otros recursos legales.
“Que empiecen a hacer un plan de preparación”, expresó. Ese proceso incluye definir qué ocurrirá con viviendas, negocios, cuentas bancarias, documentos y bienes que podrían venderse o transferirse a familiares.
Para quienes decidan retornar a El Salvador, Núñez recomendó evitar el traslado de grandes cantidades de efectivo y optar por mecanismos bancarios. También señaló la importancia de actualizar pasaportes, Documento Único de Identidad (DUI), matrimonios y registros consulares.
En los casos de hijos nacidos en Estados Unidos, las familias deberán decidir si viajan juntos o si los menores permanecen bajo el cuidado de otra persona. Núñez indicó que los niños que migren a El Salvador deben ser inscritos en los consulados y obtener la ciudadanía salvadoreña, ya que de otra forma serían considerados extranjeros en el país.
Si los hijos permanecen en Estados Unidos, los padres deberán dejar documentos de tutela que identifiquen a la persona responsable de su cuidado. “Es diferente tener a un hijo de 17 años a un hijo de cinco años”, señaló Núñez, al referirse a las decisiones que cada familia deberá discutir antes de que las autoridades definan el futuro del TPS.
