El Ministerio Público confirmó que este lunes presentó una solicitud para retirar la inmunidad del juez Fredy Orellana para investigarlo por una denuncia de corrupción ligada a la intervención judicial del Hotel Las Américas, un nuevo frente para uno de los magistrados más cuestionados de la crisis política posterior a las elecciones de 2023 y sancionado internacionalmente por su actuación en ese período.
La solicitud fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá resolver en pleno si mantiene el derecho de antejuicio o habilita una investigación penal. La denuncia sostiene que Q400.000 habrían sido entregados al juez como presunto pago por autorizar el nombramiento de nuevos administradores del hotel.
El caso llega a un tribunal integrado por el bloque dominante de 10 magistrados, que ya ha respaldado en otras ocasiones actuaciones de Orellana y adoptó resoluciones controvertidas en expedientes de alto impacto político. Entre ellas figura la decisión de mantener la inmunidad al diputado Allan Rodríguez en un caso de presunta corrupción.
La denuncia apunta a un pago por la intervención judicial del Hotel Las Américas
El escrito del MP busca abrir una pesquisa sobre Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. La acción se origina en señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con la intervención judicial del Hotel Las Américas, según un reporte del Diario La Hora.
Los denunciantes afirman que el dinero fue entregado como contraprestación por haber autorizado los nuevos nombramientos administrativos durante esa intervención. El procedimiento ahora debe seguir la ruta prevista para funcionarios con derecho de antejuicio, paso necesario para determinar si existen elementos suficientes para levantar esa protección.
La acción fue promovida por el Ministerio Público bajo la dirección de Gabriel García Luna. El movimiento pone bajo escrutinio a un juez que, pese a las denuncias acumuladas en su contra, mantuvo respaldo institucional durante la gestión de Consuelo Porras.
Orellana fue una pieza central en la crisis judicial tras las elecciones de 2023
La nueva solicitud coloca otra vez a Orellana en el centro de una controversia de alcance político e internacional. Sus resoluciones tuvieron un papel central en las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido con el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia en 2023.
Esa actuación tuvo consecuencias fuera de Guatemala. El juez integra una lista de personas sancionadas por un grupo de 43 países incluido Estados Unidos y la Unión Europea, que le impide ingresar a sus territorios por su papel en los hechos posteriores a aquellos comicios.
Estados Unidos lo señaló de forma expresa al afirmar que “socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
Su nombre aparece en varios de los procesos más polémicos de los últimos años. Orellana envió a juicio al periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, y a la exfiscal Virginia Laparra, a quien Amnistía Internacional considera presa de conciencia, y también giró una orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, considerado el paladín de la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Zamora, Laparra y Sandoval sostienen que los procesos en su contra forman parte de una estrategia de criminalización dirigida contra periodistas, fiscales y operadores de justicia. Esas denuncias han sido respaldadas por organizaciones internacionales que cuestionan el deterioro de la independencia judicial en el país.
La nueva ofensiva penal se suma a otro dato que pesa sobre el historial disciplinario del juez. Orellana acumuló 12 denuncias rechazadas por la Junta de Disciplina Judicial, mientras otra sigue pendiente de resolución.
Esos expedientes corresponden a cuestionamientos sobre su desempeño judicial, pero son distintos del antejuicio que ahora deberá analizar la CSJ. La decisión del pleno definirá si el juez conserva el fuero o queda expuesto a una investigación penal por la denuncia relacionada con el Hotel Las Américas.
