La investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Elisa Chuliá, ha advertido de que la Ley de Dependencia y Discapacidad aprobada en la víspera en el Congreso de los Diputados tendrá "dificultades de implantación" y exigirá "muchos más que dinero".
"No dudo de las buenas intenciones y de la voluntad política del legislador", pero "es arriesgado pensar que a corto plazo podamos cambiar inercias", pese a que la norma se presente como "una refundación" del modelo. En concreto, supone una reforma de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En este sentido, Chuliá, que ha presentado este jueves el libro 'Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento', editado por Funcas y coordinado por ella y José Antonio Herce, ha recordado que el texto legal de hace 20 años se desarrolló "creando 17 subsistemas". Las comunidades autónomas los han hecho "como han podido con las circunstancias extraordinariamente difíciles por las que hemos atravesado", ha explicado, aludiendo a las crisis económicas de antes y después de la pandemia.
Así, y unido ello al recorte de la financiación por parte del Estado en la primera recesión económica, la cual ha blindado la nueva ley, el coste "recayó mayoritariamente sobre las comunidades autónomas", que facilitaron en mayor medida las prestaciones económicas y obviaron las asistenciales recogidas reglamentariamente.
"La ley subrayaba la necesidad de profesionalizar los cuidados de larga duración", pero "se implantó de forma que se desviaba del modelo normativo", ha puesto de manifiesto, al tiempo que ha advertido de "muchas diferencias interterritoriales".
RECTIFICACIÓN DEL MODELO
Ante ello, la nueva norma, "en realidad, es una rectificación del proceso de implantación del sistema desde 2007", ya que "no se basaba en un modelo normativo de cuidados domésticos y de sobrecarga familiar", ha continuado, para añadir, sin embargo, que para ello serán necesarios "recursos organizativos, recursos de gestión y recursos que requieren tiempo".
No obstante, también ha ahondado en el apartado económico, y es que, hasta ahora, "por cada euro que paga el Estado en cuidados de larga duración, las familias aportan 3,5 euros, incluyendo la falta de productividad", es decir 17.000 millones por los 65.000 millones de los ciudadanos. De hecho, "el gasto público en dependencia en España es mucho más bajo que en otros países", como "los nórdicos, que invierten entre el 3 y el 4 por ciento del PIB", siendo el gasto en la nación del 0,8 por ciento y la media europea del 1,8 por ciento, ha concretado.
"Se precisarían seis años seguidos con este nivel de gasto para acercarnos a la media europea", ha especificado en relación con los 6.200 millones más prometidos por el Gobierno en la nueva ley. Las soluciones económicas planteadas, que no son las únicas necesarias, como ha insistido, "quizás no sean suficientes", por lo que ha incidido en que "hablar de la refundación de un modelo que lleva implantado 20 años y, además, está descentralizado, es algo arriesgado".
A todo ello, Chuliá ha añadido la evolución del número de beneficiarios, que es "muy relevante". Tras ejemplificarlo indicando que los casi 1,7 millones reflejados en la obra son ya casi 1,8 millones, ha apuntado que desde 2021, crece "a 100.000 por año", con una estimación precavida de Funcas de que serán 2,5 millones en 2050.
SE INFRAESTIMA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
Por lo anterior, ha insistido en que existe una "reserva inicial" en cuanto a la rápida eficacia de la norma y ha animado a ser "cautos" sobre "el propósito de rectificar algunos desarrollos y añadir prestaciones que se quieren ahora impulsar". "Hay que ser un poco más modestos", ya que "se están infraestimando" cuestiones como "el crecimiento de la demanda" y "la diversidad del colectivo".
En este punto, ha expuesto que el texto pretende "poner a la persona en el centro" y que sea ella quién decida sobre sus cuidados, pero "en España hay centenares de miles de personas con deterioro cognitivo", las cuales "no pueden tomar decisiones". "Hay que preguntar en igualdad a los familiares", ha subrayado.
De hecho, la ley apuesta por la desinstitucionalización y, teniendo en cuenta que hay más de 300.000 personas en residencias, se ha preguntado si se les podrán asegurar los recursos en los domicilios a las que quieran regresar a ellos. Por contra, los expertos consideran que son necesarias 50.000 nuevas plazas residenciales, pese a las 20.000 libres en la actualidad.
No obstante, ha manifestado como positivo el aumento de la teleasistencia recogido en el texto legal y de los cuidados profesionales de ayuda a domicilio, los cuales "solo un tercio" de los beneficiarios los reciben en la actualidad.
