El Pacto Histórico y el denominado Gabinete por la Vida cuestionaron la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de derogar la norma que suspendía la aspersión aérea con glifosato y advirtieron que un eventual retorno de las fumigaciones implicaría riesgos para la salud, el ambiente y las comunidades rurales.
La organización, promovida por el expresidente Gustavo Petro y conformada por exfuncionarios de su administración, planteó que la respuesta al narcotráfico debe centrarse en la sustitución voluntaria de cultivos, la reforma agraria y el desmantelamiento de las finanzas criminales.
El pronunciamiento se divulgó el 1 de septiembre vía X, luego de la expedición de la Resolución 006 del 18 de agosto de 2026 por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.
La norma dejó sin efecto la Resolución 6 de 2015, que había suspendido en todo el país las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato.
La decisión no habilita de forma inmediata la reanudación de las fumigaciones ni autoriza operaciones aéreas de manera automática. Para que el programa avance, el Gobierno debe cumplir exigencias ambientales, sanitarias y operativas, además de condiciones fijadas por la Corte Constitucional, como la consulta previa en los casos que corresponda y la vigencia de un plan de manejo ambiental expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Pese a ello, el grupo de oposición interpretó la derogatoria como un paso hacia la recuperación de la estrategia de erradicación química.
En el comunicado, se sostuvo que esa fórmula representa “una política ineficaz, riesgosa y profundamente injusta”.
La oposición cuestionó los riesgos del glifosato sobre la salud y el ambiente
El primer argumento del Gabinete por la Vida está relacionado con los efectos del glifosato.
El colectivo señaló que se trata de un herbicida sistémico y de amplio espectro, capaz de afectar vegetación distinta a los cultivos ilícitos cuando entra en contacto con hojas verdes.
Según el comunicado, el producto puede persistir hasta 180 días en componentes como el suelo y el agua. También se mencionó la presencia del ácido aminometilfosfónico, conocido como AMPA, un metabolito derivado de la degradación del glifosato que, de acuerdo con el documento, presenta una mayor estabilidad y permanencia ambiental.
El Pacto Histórico recordó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato en 2015 como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
A partir de ese antecedente, se exigió desde la bancada de oposición que cualquier iniciativa de aspersión cumpla con los estándares judiciales sobre la ausencia de riesgos graves para la salud y el ambiente.
La oposición también expresó inquietud frente al posible uso de glufosinato de amonio, otro herbicida mencionado en el debate público.
El comunicado sustentó que su toxicidad aguda es mayor y que podría aumentar los riesgos por ingestión o contacto con la piel, además de afectar ecosistemas si se utiliza sin estudios de impacto ambiental y sanitario.
La Resolución 006 mantiene la necesidad de cumplir requisitos antes de poner en marcha un programa aéreo. Entre ellos figura la evaluación de riesgos para la salud humana y el medio ambiente, junto con las autorizaciones administrativas que exija la normativa. Gobierno de De la Espriella tumba restricción a la aspersión con glifosato
El Gabinete por la Vida pidió participación para campesinos y población rural
El segundo eje del pronunciamiento se refiere a la participación de las comunidades que podrían resultar afectadas por eventuales operaciones de aspersión.
El grupo reconoció que la resolución menciona la ruta de consulta previa establecida por la Corte Constitucional para comunidades étnicas, pero cuestionó la falta de claridad sobre los mecanismos para incluir a la población campesina y rural no étnica.
“El principio democrático exige que toda población potencialmente afectada tenga voz”, sostuvo el comunicado.
La oposición afirmó que los efectos de la aspersión aérea no se limitan a comunidades indígenas, afrodescendientes o raizales; también alcanzan a familias campesinas asentadas cerca de los núcleos de operación.
El documento citó impactos como la defoliación de ecosistemas, pérdidas de ganado, daños a fincas, afectaciones a la seguridad alimentaria y posibles consecuencias para la salud reproductiva de mujeres expuestas a las fumigaciones. Esas afirmaciones forman parte de la postura política del colectivo, que pidió ampliar las garantías de participación antes de adoptar cualquier decisión operativa.
El Pacto Histórico presentó el Gabinete por la Vida el 26 de agosto como una instancia de oposición al Gobierno de De la Espriella.
El grupo reúne exministros, exdirectores de entidades nacionales y aliados del anterior Ejecutivo, con el propósito anunciado de hacer seguimiento a las políticas oficiales y formular propuestas alternativas. La oposición colombiana presenta un gabinete alterno para controvertir a De la Espriella
El colectivo aseguró que la erradicación desplaza los cultivos hacia otras regiones
Otro de los cuestionamientos se concentró en la efectividad de las fumigaciones para disminuir los cultivos de hoja de coca.
El Gabinete por la Vida sostuvo que la erradicación forzada provoca un desplazamiento territorial de los sembradíos, fenómeno conocido como “efecto globo”.
Bajo esa lectura, la presión sobre un territorio no elimina la actividad ilegal, sino que puede trasladarla a zonas donde persisten factores como pobreza rural, concentración de la tierra, falta de infraestructura y ausencia de opciones económicas para las comunidades.
“Las fumigaciones dejan intactas las redes del narcotráfico”, afirmó el colectivo al argumentar que la política de erradicación recae principalmente sobre los cultivadores, quienes ocupan el eslabón más vulnerable de la cadena, mientras permanecen activas las estructuras responsables del procesamiento de cocaína, el transporte internacional, el lavado de activos y la comercialización.
En esa línea, el Pacto Histórico propuso orientar los esfuerzos estatales hacia la interdicción estratégica, las investigaciones patrimoniales y la judicialización de las redes financieras que sostienen las economías ilegales.
El documento puntualizó que el combate contra el narcotráfico debe perseguir a quienes obtienen las mayores ganancias de esa actividad.
La propuesta plantea sustituir economías ilícitas con inversión pública
El comunicado cerró con una defensa de la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Para el grupo opositor, las alternativas deben incluir acceso a tierra, acompañamiento estatal, infraestructura, apoyo a proyectos productivos y fortalecimiento de cadenas agrícolas como cacao, café, frutales y sistemas agroforestales.
La posición retoma parte de la política de drogas impulsada durante la administración Petro, cuyo mandato concluyó el 7 de agosto de 2026.
El Gabinete por la Vida planteó que la discusión debe alejarse de la criminalización de los campesinos y enfocarse en reducir la dependencia de las economías ilegales en las zonas rurales.
“Defenderemos una política de drogas para la vida”, señaló el comunicado, que concluyó con un llamado a proteger los derechos del campesinado y a buscar salidas distintas a la erradicación aérea.
