La joven Gabriela Muñoz Olaya, de 19 años, fue vinculada como asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara por el Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié. Este cargo representa para el Estado colombiano $11.700.000 mensuales entre salario y prestaciones.
Según la ley colombiana, una persona que ostente el cargo de Asistente III recibe cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes en 2026 a $8.754.525, lo que suma cerca de $105.000.000 anuales solo por sueldo. Al agregar vacaciones, primas, cesantías e intereses, el costo por año sube a aproximadamente $127.900.000 y, con el aporte del Congreso de la República al fondo de pensiones, llega a $140.500.000.
El caso llamó la atención porque Muñoz no tiene título profesional y cursa estudios de Derecho. Además, causó polémica por la indagación de la Procuraduría General de la Nación contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronaútica Civil (Aerocivil) por el presunto tráfico de influencias de Gabriela Muñoz Olaya, una creadora de contenido que, pese a ocupar un cargo de auxiliar 1 de nivel asistencial, habría intervenido en decisiones administrativas y en designaciones de personal dentro de la entidad.
La actuación también busca establecer si hubo responsabilidades disciplinarias por su vinculación y la de algunos de sus allegados. La apertura de la indagación se produjo después de una denuncia pública de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Rodríguez aseguró que la influenciadora habría tenido injerencia en el manejo interno de la Aerocivil.
“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi”, dijo Rodríguez a Noticias RCN.
La indagación abarca nombramientos, funciones y contratación en la Aerocivil
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa señaló que investigará la presunta participación irregular de Gabriela Muñoz Olaya en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su eventual incidencia en decisiones de alto nivel dentro de la Aeronáutica Civil. El expediente también contempla el aparente tráfico de influencias que habría ejercido en favor de personas cercanas en la entidad.
La pregunta central de la actuación disciplinaria es concreta: si una funcionaria con tareas asistenciales influyó en nombramientos y decisiones administrativas que no le correspondían, y si esa intervención benefició a familiares. Ese es el núcleo de la indagación previa abierta por el Ministerio Público.
Muñoz respondió mediante un comunicado en el que negó los señalamientos. Sostuvo que no intervino en los nombramientos y que tampoco pidió, recomendó, gestionó o presionó la vinculación de su círculo cercano ni de otras personas.
“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, afirmó la creadora de contenido en el documento oficial.
La Procuraduría pidió información de funcionarios desde el 1 de enero de 2025
Como parte de las pruebas iniciales, el Ministerio Público requirió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para que entregue, en un plazo de 10 días hábiles, información sobre algunos de sus funcionarios. El pedido busca identificar a quienes hayan ejercido, en propiedad, encargo o comisión de servicio, como secretario general y coordinador del área administrativa, o cargos equivalentes, desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de envío de la certificación.
La solicitud incluye nombre completo, documento de identificación y datos de contacto que reposen en los archivos de la entidad. La misma certificación fue pedida respecto de Narda Duperly Roa Ibarra.
La Procuraduría también solicitó al Ministerio de Transporte una copia del requerimiento formulado por la ministra María Fernanda Rojas sobre la gestión contractual de prestación de servicios de la Aerocivil. Además, pidió un informe que precise qué datos entregados por la entidad estaban incompletos para analizar esa gestión contractual.
Otro de los puntos bajo revisión es la aparente desatención de ese requerimiento de la cartera de Transporte, que buscaba recibir información completa y oportuna. Ese elemento se suma a las dudas sobre la tramitación contractual y al uso de jornadas no laborables para adelantar actuaciones dentro de la entidad.
