El presidente Nasry Asfura confirmó que las autoridades trabajan en la identificación de los lugares donde podría implementarse esta medida, con el propósito de concentrar las acciones de seguridad en los sectores con mayor incidencia delictiva. La propuesta busca evitar una aplicación generalizada y dirigir los esfuerzos hacia territorios específicos que enfrenten mayor violencia.
Asfura señaló que analizan cuáles serían los puntos donde la situación de inseguridad justificaría una intervención especial.
El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, también se refirió a la posibilidad de retomar esta medida y dejó claro que no es partidario de establecer un estado de excepción amplio. El funcionario explicó que prefiere acciones dirigidas contra las personas involucradas en actividades delictivas, para que las operaciones no terminen afectando a ciudadanos sin relación con la criminalidad.
“Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común”, manifestó Rodríguez Burchard.
El titular de Defensa confirmó que el tema podría debatirse en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que tendría que analizar la propuesta y determinar si existen condiciones para declarar un estado de excepción parcial.
Uno de los elementos bajo análisis es la delimitación territorial de la medida. En lugar de extender las restricciones a todo el país, la propuesta apunta a identificar municipios o sectores donde los índices de criminalidad justifiquen una intervención extraordinaria.
La medida sería focalizada
El analista en seguridad Germán Licona consideró que esta posibilidad refleja las dificultades que enfrenta la actual administración para alcanzar resultados para reducir la inseguridad y señaló que la propuesta tiene similitudes con el estado de excepción implementado durante el gobierno anterior, aunque en esta ocasión se plantea concentrar las acciones en un número determinado de municipios con mayor incidencia delictiva.
Licona mencionó que podrían ser alrededor de 30 municipios los que eventualmente quedarían incluidos en una estrategia de este tipo, aunque la definición final dependerá del análisis de las autoridades.
La focalización busca que las medidas extraordinarias se apliquen únicamente donde la situación de inseguridad las haga necesarias, en lugar de afectar de manera general a la población de todo el territorio nacional.
Población exige seguridad
El posible retorno del estado de excepción revive el debate generado durante la administración anterior, cuando esta medida permaneció vigente durante varios años como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia. Su aplicación prolongada fue cuestionada por distintos sectores, principalmente por las implicaciones sobre los derechos y garantías de la población.
Ante ese antecedente, el planteamiento de las autoridades busca establecer una intervención más delimitada territorialmente. La discusión deberá determinar no solo los lugares donde podrían aplicarse las medidas, sino también las condiciones, la duración y el alcance de una eventual declaratoria.
Para Licona, cualquier medida extraordinaria debe estar acompañada por un fortalecimiento de la investigación criminal. El analista consideró que las autoridades no deben concentrar la estrategia únicamente en operativos de seguridad, sino garantizar que las investigaciones permitan identificar a los responsables y presentar ante los tribunales casos respaldados por pruebas suficientes.
La persecución del delito tendría que continuar más allá de las acciones realizadas en las zonas donde eventualmente se establezca el estado de excepción. Por ahora, la decisión permanece bajo análisis y será el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el que deberá valorar la propuesta y establecer si procede una nueva declaratoria de estado de excepción parcial y cuáles serían las zonas incluidas.
