El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este miércoles la firma de 11 decretos expedidos en el marco de la emergencia económica y social declarada para atender la crisis causada por el terremoto del 10 de agosto. Las medidas buscan responder a la situación en 16 departamentos afectados por el desastre.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el anuncio se hizo unas horas antes de cumplirse oficialmente un mes de la tragedia. El mandatario presentó las decisiones durante un consejo de ministros y aseguró que el objetivo es acelerar la atención, la reconstrucción y el flujo de recursos hacia los territorios golpeados por el sismo.
El primer decreto crea el Fondo Patria Milagro, que servirá para canalizar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción. De la Espriella lo describió como uno de los instrumentos centrales para ejecutar las medidas de recuperación.
“Necesitamos capacidad de ejecución, recursos y velocidad. Este fondo será uno de los instrumentos, quizá el más importante, para lograrlo”, afirmó el presidente.
Recursos y herramientas para territorios
El segundo decreto define 17 medidas financieras, administrativas e institucionales para alcaldías y gobernaciones, con el propósito de entregarles herramientas para enfrentar la contingencia. Según el mandatario, las autoridades locales y departamentales están en la primera línea de la emergencia y requieren capacidad de acción.
“Los alcaldes y gobernadores están en la primera línea de emergencia. No podemos exigirles resultados, si no les damos herramientas para actuar”, dijo De la Espriella.
Otra de las medidas habilita, por una sola vez y de forma excepcional, el uso de recursos del Fonpet, la bolsa destinada a pensiones territoriales, para que los gobiernos locales puedan afrontar procesos de reconstrucción. Con esta decisión, el Ejecutivo busca ampliar las fuentes de financiación disponibles para atender daños en municipios y departamentos afectados.
El cuarto decreto está enfocado en garantizar la continuidad del servicio de energía. Para ello, el Gobierno destinará recursos del Fondes, Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, con el fin de atender arreglos en la infraestructura eléctrica afectada por el terremoto.
La siguiente determinación habilita la modalidad de obras por impuestos para la reconstrucción. Esto permitirá que empresas ejecuten obras de infraestructura en el marco de la emergencia y luego descuenten esos recursos de sus obligaciones tributarias. Este punto fue presentado como clave para articular al sector privado con la respuesta estatal.
El Gobierno relacionó esa medida con el acuerdo alcanzado en Chocó, el pasado lunes, para que distintos sectores empresariales participen en obras en una de las zonas más afectadas por el terremoto. “El Estado, las regiones y los empresarios debemos trabajar juntos”, resumió el presidente al explicar el alcance de este decreto.
Educación, datos y obras compartidas
La sexta determinación habilita inversiones entre departamentos y municipios de forma interjurisdiccional. Esto significa que las entidades territoriales podrán aportar recursos para obras ubicadas fuera de su jurisdicción, siempre que tengan impacto sobre su propio territorio.
De la Espriella puso como ejemplo proyectos viales que no estén dentro de los límites administrativos de una alcaldía o gobernación, pero que afecten el transporte hacia la zona que esas autoridades administran. La medida busca facilitar obras estratégicas que beneficien a varios territorios afectados por el sismo.
El decreto número siete permite al Ejecutivo acceder a información estadística reservada del Dane para mejorar la focalización de ayudas en los territorios afectados. El presidente aseguró que esta herramienta busca identificar con mayor precisión a las familias damnificadas y sus condiciones.
“Necesitamos saber dónde están las familias y cuáles son sus condiciones”, advirtió el mandatario, aunque señaló que en todo momento deberán mantenerse las garantías correspondientes.
Otra medida anunciada está dirigida al sector educativo. El Gobierno permitirá que los colegios afectados por el terremoto funcionen temporalmente en sedes distintas a las propias mientras se recupera su infraestructura. También se habilitarán ayudas financieras para que las instituciones educativas cuenten con recursos esenciales y se flexibilizará el calendario académico en las zonas afectadas.
Con este paquete de decretos, el Gobierno busca dar una respuesta institucional a la emergencia, acelerar la reconstrucción y entregar herramientas a los territorios. Las medidas combinan fondos especiales, recursos excepcionales, participación empresarial, acceso a información y flexibilización administrativa para atender los efectos del terremoto.
