El Gobierno de Abelardo de la Espriella entregó un nuevo balance sobre el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y aseguró que ya fueron revocados más de 60 contratos que, según el vocero presidencial Miller Soto, se habrían firmado a última hora durante la administración de Gustavo Petro. Además, anunció la radicación de 13 denuncias por presuntas irregularidades.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Soto afirmó que en apenas 10 días de liquidación se han recuperado más de $20.000 millones anualizados, recursos que, según el Gobierno, equivalen a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas.
“En apenas 10 días de liquidación recuperamos más de 20.000 millones anualizados, eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas”, dijo el vocero del Gobierno al referirse a los primeros resultados del cierre de la entidad.
Gobierno habla de ahorros por supresión de cargos
Soto también defendió la eliminación de la estructura directiva del Ministerio de la Igualdad. Según explicó, ya fueron suprimidos los cinco viceministerios, medida que representaría un ahorro de $1.500 millones al año.
El vocero agregó que esta semana serán eliminados más de 40 cargos directivos, con lo que el Gobierno calcula un ahorro adicional de $12.000 millones anuales. La decisión se suma a las medidas adoptadas por el liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, quien ordenó cesar contratación y procesos de selección relacionados con funciones misionales del ministerio.
“Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando, de esa manera, 1.500 millones de pesos al año. Esta semana eliminaremos más de cuarenta cargos directivos con un ahorro de 12.000 millones de pesos al año”, afirmó Soto.
El Gobierno sostiene que estas decisiones hacen parte de una depuración administrativa dentro del proceso liquidatorio. La cartera ya no puede seguir operando bajo su objeto misional y las actuaciones deben estar dirigidas exclusivamente al cierre de la entidad, la revisión contractual, la protección de archivos, el manejo de obligaciones vigentes y los asuntos jurídicos pendientes.
Denuncias penales
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento fue la revocatoria de más de 60 contratos que, según el vocero, se habrían firmado al final del gobierno anterior. Soto no detalló en su declaración pública los objetos de todos esos contratos, pero los presentó como parte de las irregularidades detectadas en el proceso de revisión.
El vocero también aseguró que una sola empresa concentraba más de $171.000 millones, mientras que el año pasado apenas se ejecutó el 5 % de la inversión. Para el Gobierno, esa diferencia entre contratación, concentración de recursos y baja ejecución hace parte de los hechos que deben ser investigados por las autoridades competentes.
Soto añadió que el último ministro aún no habría entregado las llaves de bodegas con cerca de $16.800 millones en mercancías de la DIAN. Según el vocero, ese material también forma parte de los asuntos revisados dentro del proceso de liquidación.
“Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5 % de la inversión. El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN”, señaló Soto.
Por estos hechos, el Gobierno informó que ya fueron radicadas 13 denuncias: seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales. El objetivo, según el vocero, es que las autoridades determinen si hubo responsabilidades de exfuncionarios o contratistas en las presuntas irregularidades detectadas.
La liquidación de MinIgualdad avanza así entre decisiones administrativas, revocatorias contractuales y denuncias ante organismos de investigación y control. El Ejecutivo sostiene que el proceso busca recuperar recursos, reducir gastos de funcionamiento y desmontar estructuras que, según su balance, no estaban mostrando resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
El nuevo pronunciamiento profundiza el debate sobre el cierre del Ministerio de la Igualdad, una de las entidades más representativas del gobierno Petro. Mientras el Gobierno de De la Espriella insiste en que la liquidación permitirá ahorrar y redirigir recursos, el proceso queda ahora bajo la lupa por los contratos de última hora, la baja ejecución reportada y las denuncias que ya fueron radicadas
