El corregimiento de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander, quedó sin presencia policial permanente después de la evacuación aérea de al menos 20 uniformados que prestaban servicio en la zona. La medida se adoptó tras los hostigamientos que destruyeron la subestación y dejaron sin condiciones de habitabilidad a los agentes.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre la fecha en que se restablecerá el servicio policial en el corregimiento ni sobre el plan de seguridad que se aplicará mientras no haya uniformados.
La salida ocurrió después de dos ataques con drones cargados con explosivos contra la subestación, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según información de autoridades locales. Los hechos ocurrieron el 4 y el 7 de septiembre y dejaron inutilizable la infraestructura donde funcionaba la unidad.
La Policía Nacional se refirió a la evacuación y difundió imágenes del traslado en X. “Acompañamos a los valientes policías de la Estación de Policía Guamalito que lograron proteger a la población civil de este municipio, pese a la barbarie con la que fueron atacados”, señaló la institución.
La entidad agregó que brindará atención prioritaria a los agentes y aseguró que busca que “un policía respaldado” sea “más eficaz” para retomar las operaciones en mejores condiciones.
Preocupación en la comunidad
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) informó en su cuenta de X que más de 20 policías fueron evacuados por vía aérea después de los ataques y hostigamientos contra la estación.
“En Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander, quedó sin presencia policial permanente tras la evacuación aérea de más de 20 uniformados”, indicó la organización. También advirtió que la salida de los agentes aumentó la preocupación de la comunidad, que reclama medidas oficiales para garantizar su seguridad.
El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, confirmó el retiro y explicó que la decisión respondió a los daños acumulados en la estación. Según dijo, la subestación quedó en condiciones precarias después de los ataques, sin servicios básicos como agua y energía.
La Alcaldía realizaba gestiones para recuperar esos servicios, pero el nuevo hostigamiento agravó el deterioro del inmueble. Contreras manifestó que la administración municipal no comparte el retiro, aunque reconoció que no había garantías mínimas para la permanencia de los policías.
“No compartimos la decisión, no estamos de acuerdo en que la Policía se haya retirado de nuestro corregimiento, pero sí entendemos que las condiciones de vida humana y las condiciones mínimas para vivir no estaban garantizadas”, afirmó el mandatario local, según La Opinión.
Los ataques dejaron inhabitable la estación de Policía
De acuerdo con el alcalde, los agentes que permanecían en Guamalito recibieron refuerzos después del primer ataque. No obstante, la subestación fue blanco de un nuevo hostigamiento que dejó la infraestructura prácticamente destruida.
Contreras describió el último hecho como una ofensiva con drones y fusilería desde tierra. “Fue un ataque en enjambre con drones y con fusilería, tanto aéreo como en tierra”, indicó a Semana.
Tras la ofensiva, la estación quedó sin capacidad para alojar a los policías, por lo que las autoridades retiraron a los uniformados que estaban en el lugar.
El mandatario aseguró que los daños se sumaron a una situación previa de vulnerabilidad: la unidad operaba de manera improvisada y carecía de servicios esenciales.
La comunidad teme quedar expuesta sin Policía ni Ejército
La preocupación de las autoridades locales es que Guamalito quedó sin presencia permanente de fuerza pública. Según Contreras, tampoco hay unidades del Ejército desplegadas de manera estable en el corregimiento, lo que eleva el temor de los habitantes ante nuevos hechos violentos.
“Estamos pasando de castaño a oscuro, no tenemos ningún refuerzo del Ejército y el corregimiento está desprotegido”, expresó el alcalde después de participar en un consejo extraordinario de seguridad con autoridades municipales y departamentales, de acuerdo con Semana.
El alcalde advirtió que el corregimiento tiene una ubicación estratégica por su conexión con el departamento del Cesar y el Catatumbo. Esa condición, afirmó, facilita el tránsito de economías ilegales y convierte al territorio en un punto de interés para los grupos armados.
La comunidad reclama que el Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa definan medidas de protección mientras se reconstruye o habilita una nueva sede policial. El alcalde indicó que trasladó esa petición a las autoridades nacionales por el riesgo que enfrentan los residentes.
