Guatemala, El Niño, 81%, muy fuerte y 3,2 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria resumen el escenario que enfrenta el país ante un episodio cuyo pico se espera entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y que podría ubicarse entre los más intensos desde que hay registros, en 1950.
Según el boletín técnico del Observatorio de Territorio y Clima de la Universidad Rafael Landívar, basado en el aviso de El Niño emitido el 11 de junio por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la incógnita ya no es si ocurrirá el fenómeno, sino cuán grave será su punto máximo.
Para el tercer trimestre de este año, la Clasificación Integrada de Fases proyecta que 3,2 millones de personas, equivalentes al 17% de la población guatemalteca, vivirán en condición de inseguridad alimentaria aguda, frente a 2.5 millones en el trimestre anterior. En Alta Verapaz, más del 28% de la población estará en situación de crisis.
El boletín, elaborado por los investigadores Carlos Alberto Duarte, Pedro Pineda y Gustavo Estrada, plantea un escenario central con déficit de lluvias de hasta un tercio en algunas regiones, canículas prolongadas de hasta 40 días y anomalías de temperatura de entre 0,5 y 2°C (32,9 y 35,6 °F).
El documento señala que estas condiciones son consistentes con los episodios observados en 2014, 2015-2016, 2018 y 2023-2024.
La mayor amenaza inmediata está en los cultivos y el empleo rural
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación prevé que la canícula prolongada afecte cerca de 377,000 hectáreas de cultivos. De esa superficie, 150,802 hectáreas corresponden a maíz y frijol, los productos más sensibles a la sequía.
A esa estimación se suman 42,000 hectáreas de café, 32,000 de caña de azúcar, 16,700 de banano y 100,000 de pastos. El boletín distingue dos crisis simultáneas: la pérdida de granos básicos empobrece al productor de subsistencia y la caída de los cultivos de exportación destruye empleo asalariado rural.
El antecedente más cercano refuerza esa advertencia. En 2023 se perdieron 70,926 hectáreas de granos básicos y el 75.9% de esa superficie se perdió por sequía; además, el 96% de los productores agremiados a la Cámara del Agro anticipó pérdidas en café, palma, caña y banano.
Salud, escuelas y precios quedarían bajo presión al mismo tiempo
Los autores sostienen que el fenómeno afecta al menos cuatro subsistemas que se retroalimentan: el sanitario, el social, el económico y el político. Tratar esos frentes como expedientes separados entre ministerios constituye, según el documento, “el primer error de diseño” en la respuesta institucional.
En salud, la escasez de agua empuja a las familias a almacenar el recurso en toneles y pilas, lo que favorece la reproducción de Aedes aegypti, transmisor del dengue. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el riesgo sanitario para Centroamérica y el norte de Sudamérica es “muy alto”, con vigilancia prioritaria sobre dengue, chikunguña, zika, malaria, cólera y sarampión.
El calor extremo también aparece como una amenaza para trabajadores agrícolas y de la construcción, en un contexto vinculado con la alta prevalencia de enfermedad renal crónica en la costa sur.
En educación, la sequía opera por tres vías: deserción escolar cuando los hogares incorporan a los niños a estrategias de supervivencia, caída del rendimiento por hambre estacional y deterioro de infraestructura cuando las escuelas quedan sin agua o funcionan como albergues.
El boletín advierte sobre ese daño con una frase puntual: “Es el más silencioso y el más largo”. El documento sostiene que se traduce en años de escolaridad perdidos que reaparecen como ingreso perdido dos décadas después.
En la economía, el maíz blanco ya se ubica entre 10% y 15% por encima de su precio promedio de los últimos cinco años. Aunque los alimentos representan cerca del 28% del Índice de Precios al Consumidor, el informe remarca que la inflación general oculta el golpe desigual sobre los hogares de menores ingresos.
A esa presión se suma el mayor costo de la generación eléctrica por el desplazamiento de fuentes hidroeléctricas hacia térmicas y una economía cuya estabilidad depende de remesas por más de USD 20.000 millones al año. El documento también advierte que la contracción de la asistencia humanitaria internacional, con un recorte del 59%, traslada más carga al Estado.
Los autores proponen una respuesta en tres momentos: antes del pico, compras públicas anticipadas de grano, búsqueda activa de casos de desnutrición aguda y control larvario; durante la emergencia, transferencias monetarias condicionadas a la permanencia escolar y alimentación escolar con compra local; después del evento, una arquitectura permanente de adaptación con protección social reactiva a choques, riego a pequeña escala y líneas de crédito para el sector agropecuario.
El boletín sostiene que la métrica decisiva para evaluar la respuesta será la latencia entre el pronóstico, disponible desde junio, y la acción presupuestada. Añade que los protocolos de desnutrición aguda del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y las reservas estratégicas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya activados son la base sobre la cual el Gobierno podría ampliar su capacidad de respuesta.
