El director general de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Alejandro Barrera Peña, afirmó que durante el gobierno de Gustavo Petro hubo una política que redujo las capacidades de inteligencia del Estado, con traslados de personal especializado y una pérdida de fuentes para las operaciones contra grupos armados y estructuras criminales.
El funcionario, que asumió hace un mes la conducción de la institución, sostuvo que su administración busca reconstituir las unidades que habían quedado afectadas. El plan incluye el regreso de agentes a la Dirección de Inteligencia Policial, la recuperación de contactos con informantes y la actualización de equipos y recursos para recompensas.
El mayor general Barrera afirmó que salieron agentes que habían sido efectivos contra el crimen
En una entrevista concedida a Semana, el mayor general Alejandro Barrera Peña sostuvo que la capacidad de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia sufrió un debilitamiento durante la administración de Gustavo Petro.
“Se debilitó la Inteligencia, quisieron atacar a aquellos que en su momento fueron efectivos en la lucha contra la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico”, afirmó el jefe policial.
Barrera Peña evitó atribuir una motivación específica al gobierno anterior, aunque describió consecuencias operativas de esas decisiones. Según explicó, funcionarios con experiencia en tareas de inteligencia salieron de la institución o fueron reasignados a otras áreas, lo que afectó la continuidad de los equipos y de sus redes de información.
“Independientemente de cuál fuera la intención, muchos de estos hombres y mujeres que dieron esos resultados salieron de la institución o fueron trasladados a otras unidades”, señaló el mayor general.
El director policial indicó que parte de los uniformados que integraban la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), o que cumplían labores similares en otros organismos estatales, fueron destinados a funciones de vigilancia en zonas urbanas y rurales.
Para Barrera Peña, esa redistribución redujo la capacidad de análisis y de seguimiento sobre organizaciones vinculadas al narcotráfico, los grupos armados ilegales y otras redes criminales. También sostuvo que el conocimiento acumulado por los funcionarios especializados resulta difícil de reemplazar cuando se interrumpe su labor o se los aparta de sus unidades.
La Policía busca devolver a los especialistas a las unidades de inteligencia
La estrategia anunciada por el director de la Policía apunta primero a recomponer el componente humano. El mayor general Alejandro Barrera Peña dijo que la institución ya inició el retorno de agentes con experiencia a la Dipol y a sus dependencias regionales.
“Los estamos recuperando para la Dirección de Inteligencia y sus seccionales. A pesar de la intención de debilitarla, la gente fue estoica, se mantuvo”, manifestó.
La decisión busca restablecer las capacidades de los equipos que procesan información, identifican estructuras criminales y apoyan las operaciones contra los cabecillas de organizaciones ilegales. El general no precisó cuántos funcionarios fueron trasladados durante el gobierno anterior ni cuántos serán reincorporados a las áreas de inteligencia.
El diagnóstico fue respaldado por el ministro de Defensa, Jorge Mora López, que participó en el mismo espacio periodístico. El funcionario sostuvo que la inteligencia constituye una herramienta central para aumentar la presión estatal sobre grupos armados y bandas dedicadas a actividades ilícitas.
“La inteligencia es el activo más importante para que fluyan los resultados y la presión sobre los grupos armados”, afirmó Mora López. Luego agregó que el gobierno anterior conocía esa importancia y, según su versión, impulsó medidas que debilitaron esa capacidad.
El Gobierno plantea recuperar analistas, fuentes y recursos para recompensas
El ministro de Defensa explicó que la primera etapa estará centrada en reincorporar a analistas, entrevistadores y otros especialistas. Esa tarea, señaló, permitirá avanzar en la recuperación de las fuentes humanas que aportan datos sobre las estructuras ilegales.
La pérdida de un agente de inteligencia puede implicar también la interrupción del contacto con informantes y redes de datos, según planteó Mora López. Esas fuentes pueden tener acceso a integrantes de alto rango de grupos armados o conocer los movimientos de organizaciones criminales en distintas regiones del país.
“Al perder un hombre de Inteligencia, se pierde el control de una serie de fuentes que tienen acceso a los cabecillas y las estructuras”, indicó el ministro. También afirmó que las autoridades retomaron comunicaciones con personas que no mantenían contacto con el Estado desde hacía varios años.
La recuperación de las fuentes será una de las tareas más complejas, debido a que depende de la confianza entre los agentes y quienes entregan información. El ministro sostuvo que las redes ilegales también cuentan con recursos para evitar que potenciales informantes colaboren con las autoridades.
Mora López señaló que, después de reforzar el personal, será necesario renovar equipos y ampliar el presupuesto destinado a recompensas. “Los bandidos pagan plata para que una persona no se le vaya para el Estado”, dijo al explicar la competencia por obtener información en zonas bajo influencia de organizaciones armadas.
