En alocución presidencial, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la Policía Nacional tendrá autorización para ingresar en universidades públicas e intervenir contra quienes impulsen actos violentos en los campus.
“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó el jefe de Estado.
El anuncio del mandatario colombiano generó numerosas reacciones, entre ellas la del expresidente Gustavo Petro, quien rechazó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial en X y lo comparó con una lista de dictadores.
En la lista aparecen Benito Mussolini, Adolf Hitler, Francisco Franco, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, quienes, según Petro, se opusieron a la autonomía de las universidades públicas.
“Esta es la tradición política de quienes se han opuesto a la autonomía universitaria (sic)”, expresó.
El expresidente Petro indicó que la autonomía de las universidades significa libertad pensamiento y expresión, razón por la cual rechazó el anuncio de Abelardo de la Espriella.
“La autonomía de la vida universitaria es definida como el libre pensamiento y la libre expresión en la práctica (sic)”, indicó.
Así las cosas, el expresidente Gustavo Petro sostuvo que quienes se oponen a la autonomía de las universidades también se oponen al pensamiento libre y a la razón.
“Quienes se oponen a la autonomía universitaria simplemente se oponen a que las personas piensen libremente. Se oponen a la razón (sic)”, indicó.
¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno pondrá en marcha un protocolo nacional para definir la actuación de las autoridades en universidades públicas. El instrumento establecerá las circunstancias en las que podrá haber intervención ante episodios de violencia, vandalismo o presuntos hechos terroristas dentro de los campus.
Durante su alocución, el mandatario sostuvo que la protesta pacífica contará con garantías, siempre que respete la Constitución y la ley. Aclaró que la destrucción de bienes, las agresiones contra civiles y los ataques contra integrantes de la fuerza pública quedan por fuera de esa protección.
De la Espriella afirmó que ordenó diseñar un mecanismo que permita distinguir entre las manifestaciones legítimas y los hechos que exijan la presencia de las autoridades. El protocolo deberá precisar los procedimientos para responder a situaciones de violencia, flagrancia, riesgo o alteraciones excepcionales del orden público.
“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión. Pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, afirmó.
Según el presidente, la autonomía de las instituciones de educación superior no limita las facultades estatales relacionadas con la preservación del orden público. Por ese motivo, indicó que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender los casos incluidos en el nuevo protocolo.
El jefe de Estado explicó que la institución podrá intervenir cuando existan indicios de que, desde las universidades, se preparan acciones vandálicas o terroristas. La medida busca fijar criterios para que las autoridades actúen cuando los hechos excedan los límites de una movilización pacífica.
De la Espriella aseguró que su administración mantendrá las condiciones para que los estudiantes puedan asistir a clase, participar en debates y expresar sus posiciones mediante protestas no violentas. “Esta decisión protege a los estudiantes, protege a la fuerza pública y protege al propio Estado”, manifestó.
En otro apartado de su intervención, el mandatario insistió en que ciertas conductas no pueden ser catalogadas como formas de protesta. Mencionó el terrorismo urbano, los daños a la infraestructura y los ataques contra agentes estatales o ciudadanos.
“El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protesta. Son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, señaló.
Finalmente, el presidente afirmó que no aceptará que las universidades públicas sean utilizadas para planear o ejecutar actividades vinculadas con la violencia. “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó.
