
La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobó la transferencia de seis millones de clientes de telefonía móvil a Metrotel, la empresa seleccionada para recibir los usuarios que Telecom Argentina debe ceder como condición de la compra de Telefónica. La medida también incluye alrededor de 200.000 clientes de internet fija y habilita el ingreso de la firma al segmento residencial.
Ahora resta que se cierre el negocios entre los dos privados. Telecom no hizo comentarios sobre el tema. “Se habilitó al nuevo entrante y se determinó que es un competidor factible para el mercado. Resta la negociación, que seguramente debe haber avanzado y es probable que se finalice en breve. Si no habrá que buscar otro, pero es poco probable que eso pase”, explicó una fuente al tanto del proceso.
Metrotel concentró hasta ahora sus operaciones en servicios corporativos y mayoristas, apoyada en una red de fibra óptica. Con la recepción de las líneas móviles y los abonados de banda ancha, la compañía comenzará a ofrecer servicios a consumidores finales y se sumará a la competencia en el mercado argentino de telecomunicaciones.

La firma cuenta con más de 35 años de actividad en el sector y opera en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Tiene unos 350 empleados y una red de fibra óptica de más de 8.500 kilómetros.
Su negocio incluye hasta ahora conectividad para empresas, infraestructura compartida y prestaciones mayoristas a través de fibra. “Aspiramos a posicionarnos como la compañía proveedora de soluciones de telecomunicaciones reconocida como la alternativa confiable y diferenciadora respecto a los líderes del mercado”, explican en la firma.

La compañía pertenece a los fondos internacionales Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors. Ambos adquirieron el 100% de Metrotel a Sociedad Comercial del Plata en diciembre de 2017, por USD 190 millones. La empresa también participó en la compulsa para adquirir Telefónica, según fuentes al tanto del expediente.
La cesión abarca cuatro millones de líneas móviles en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otros dos millones distribuidos en el resto del territorio argentino. La ANC no fijó una asignación geográfica predeterminada para este último grupo. Como parte de las condiciones, el organismo estableció que esos clientes no podían pasar a manos de Claro.
Además de las líneas celulares, Telecom deberá transferir usuarios de internet fija en las localidades donde la empresa resultante de la adquisición superaba el 50% de participación en el mercado minorista. El volumen estimado de esa cartera alcanza los 200.000 abonados. Metrotel deberá administrar ambos negocios, uno vinculado a la telefonía móvil y otro a la conectividad domiciliaria.

Los usuarios incluidos en la transferencia podrán elegir si continúan con Metrotel o si migran a otra compañía. La cesión no impone una permanencia obligatoria con el nuevo prestador. Para quienes cuentan con internet fija, las alternativas dependerán de la cobertura y de la oferta disponible en cada localidad.
La intervención de la ANC formó parte de las medidas de remediación exigidas para autorizar la adquisición de Telefónica por Telecom. El organismo señaló que, sin esas condiciones, la operación podría concentrar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico. Con las transferencias previstas, calculó que esa participación quedará cerca del 50%.

Telecom calificó de “excesivas” las medidas impuestas por la ANC, aunque no recurrió la resolución ante la Justicia y siguió el procedimiento definido por el organismo. Durante ese proceso, la empresa propuso a Together Business Consulting como agente de monitoreo y presentó a Metrotel como posible adquirente de los clientes que debía transferir.
La aprobación de Metrotel como adquirente completó el trámite administrativo ante la autoridad de competencia, pero las empresas todavía deben acordar las condiciones económicas de la operación. Telecom y Metrotel negociarán el precio de la cesión sin un plazo determinado y, luego, deberán elevar el convenio definitivo a la ANC para una nueva aprobación.



