El intento de organizaciones y ciudadanos de los departamentos de Colón y Atlántida para promover un juicio político contra más de 80 diputados del Congreso Nacional no continuará, luego de que la verificación de las firmas presentadas no alcanzó el mínimo establecido por la legislación hondureña.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que la solicitud será archivada debido a que no logró reunir las 3.000 firmas válidas requeridas para que una iniciativa ciudadana pueda avanzar dentro del Poder Legislativo.
La petición había sido presentada con más de 12 mil rúbricas y estaba dirigida contra el presidente del Congreso, el diputado proyectista y los parlamentarios que participaron en la aprobación y firma del dictamen relacionado con la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, así como con proyectos vinculados a los sectores de energía, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas.
De acuerdo con la información proporcionada por Zambrano, el expediente fue remitido al Registro Nacional de las Personas para realizar el proceso de verificación correspondiente, tal como establece la normativa que regula los mecanismos de participación ciudadana.
Verificación de las firmas
El resultado de la revisión estableció una diferencia entre las firmas presentadas por los promotores de la iniciativa y aquellas que pudieron ser corroboradas oficialmente.
De las rúbricas sometidas a cotejo, 1.710 fueron consideradas coincidentes, mientras que 11.281 no coincidieron con los registros utilizados para la verificación.
Zambrano sostuvo que este resultado impide que la solicitud continúe con el procedimiento establecido para este tipo de iniciativas. El titular del Poder Legislativo señaló que, al no alcanzarse las 3.000 firmas válidas exigidas, corresponde a la Secretaría del Congreso Nacional proceder con el archivo de la solicitud ciudadana.
La acción cuestionaba particularmente las actuaciones relacionadas con un dictamen legislativo y las mociones planteadas para reconsideraciones al acta en torno a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Además, la petición involucraba proyectos relacionados con sectores del país, entre ellos energía, turismo, ganadería y apoyo a pequeños productores agrícolas.
El objetivo de los promotores era que la solicitud superara la etapa de admisibilidad y llegara al pleno del Congreso Nacional para que los diputados conocieran y debatieran la petición.
Qué establece la ley
La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana establece los requisitos que deben cumplir las iniciativas promovidas directamente por ciudadanos para ser admitidas dentro del procedimiento legislativo.
Uno de los pasos consiste en comprobar la autenticidad de las firmas que respaldan la solicitud. Por esa razón, el documento fue enviado al RNP, institución encargada de realizar el cotejo correspondiente y determinar cuántas de las rúbricas presentadas podían ser verificadas.
En este caso, el resultado estuvo por debajo del umbral requerido: de las más de 12 mil firmas entregadas inicialmente, solamente 1.710 fueron confirmadas.
La cifra representa 1.290 firmas válidas menos de las 3.000 necesarias para que la iniciativa pudiera continuar su recorrido en el Congreso. Por ello, según explicó Zambrano, la solicitud no cumple con los requisitos legales y debe ser archivada.
El rechazo de la solicitud en esta etapa significa que los diputados no tendrán que entrar a discutir su admisibilidad en el pleno del Congreso Nacional.
La legislación contempla que una iniciativa ciudadana que sí logre reunir las 3.000 firmas requeridas debe pasar posteriormente a conocimiento y debate de los diputados. Es decir, la verificación de las firmas constituye una etapa previa antes de que el pleno pueda pronunciarse sobre la procedencia de la iniciativa.
En el caso presentado por ciudadanos y organizaciones de Colón y Atlántida, el procedimiento quedó detenido en esa fase, debido a que el RNP no validó el número de rúbricas necesario.
El proceso no llegó al pleno
Incluso si una iniciativa ciudadana logra superar la etapa de admisibilidad y llega al debate del pleno, la aprobación de un juicio político requiere una mayoría calificada.
El Congreso Nacional está integrado por 128 diputados, por lo que se necesitan 86 votos para aprobar un juicio político.
Esto significa que la presentación de una iniciativa ciudadana no implica automáticamente que un funcionario o diputado sea sometido a juicio político. Primero debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley, superar el proceso de admisibilidad y posteriormente obtener el respaldo requerido dentro del pleno legislativo.
Tras conocer el informe del Registro Nacional de las Personas, Zambrano comunicó que la solicitud no reúne las condiciones establecidas en la legislación y que, por tanto, se instruyó a la Secretaría del Congreso Nacional para que proceda con su archivo.
