El reportaje explicó que estos comercios se encuentran dentro de un hospital considerado patrimonio de la Nación y que, de acuerdo con los hallazgos de la investigación, funcionan sin pagar una renta directamente al nosocomio. La situación llamó la atención de la Contraloría General de la República, que en julio pasado emitió un informe de auditoría sobre la administración y el control del uso de los espacios del Hospital Loayza.
Según el documento citado por el programa, de los aproximadamente 72 mil metros cuadrados que tiene el establecimiento, más de 3 mil metros cuadrados son subarrendados a terceros por sindicatos y asociaciones vinculadas al hospital. Los ingresos generados por esos subarriendos no llegan a la administración del centro de salud.
La estimación mencionada en el reportaje señala que estos subarriendos alcanzarían casi S/900 mil. Además, de los 23 establecimientos identificados, 19 no contaban con ningún convenio o contrato. El director del Hospital Cayetano Heredia, Manuel Díaz, cuestionó precisamente la falta de documentación que sustente algunas de estas ocupaciones.
“Cuando se ha ido a consultar cuál es ese convenio, cuál es el marco jurídico en el cual ustedes han hecho, resulta que el director del hospital, el jefe de administración, el jefe de logística, que es el que ha permitido las contrataciones, dice: ‘No tenemos evidencia de que tenga un contrato o un convenio’”, explicó.
Y planteó la interrogante sobre la permanencia de estos negocios: “Entonces, la pregunta es: ¿y por qué has permitido que la fecha siga?”. Para Díaz, el problema tiene además un impacto directo en la capacidad de atención del hospital. “Finalmente, el hospital termina subsidiando el agua, la luz, los servicios, y eso nos genera la pérdida de espacio y capacidad para poder tener”, sostuvo.
Desde los años 90 existen terceros ocupando ambientes del hospital
Elizabeth Vargas, jefa de asesoría jurídica del Hospital Loayza, explicó que la situación no comenzó con la administración actual. “Son terceros que vienen ocupando espacios y que eso no es un tema que se ha ocasionado el día de hoy en esta gestión. Esto es un tema que se ha venido dando desde el año noventa, desde los años noventa, donde en esa fecha no había un marco normativo que restrinja el uso de estos ambientes”, declaró.
La funcionaria añadió que, al revisar la documentación disponible, tampoco encontraron sustento suficiente sobre cómo estos terceros llegaron a ocupar los espacios. “No tenemos, o sea, no hemos encontrado documentos que habiliten o que sustenten cómo es que estos terceros han venido ocupando estos espacios”, afirmó.
De acuerdo con el reportaje, a lo largo de los años las diferentes administraciones del Loayza firmaron convenios con sindicatos, asociaciones y universidades para permitirles utilizar determinados ambientes del hospital. Sin embargo, algunos de estos espacios posteriormente fueron subarrendados.
El resultado fue que terceros comenzaron a desarrollar actividades comerciales y generar ingresos a partir de espacios que originalmente habían sido cedidos para actividades relacionadas con las propias organizaciones.
Manuel Díaz explicó cómo funcionaría uno de estos mecanismos: “Y estos terceros, que son los quioscos, los puestos, hacen un contrato con esta, con el SUCAFAE, con los sindicatos, y ellos son los que suscriben el convenio o los convenios con el hospital. No es que directamente ellos presten el servicio”.
Según la información proporcionada al reportaje, algunos de estos comerciantes pagan alrededor de 50 dólares mensuales por el alquiler del espacio. “¿Cincuenta dólares mensuales? O sea, ¿menos de doscientos soles?”, preguntó el periodista. “Es lo que está de acuerdo a lo que ellos están estableciendo dentro de la información que nos han brindado”, respondió Díaz.
Laboratorio privado pagaría más de S/20 mil por un espacio subarrendado
La investigación también mostró que el problema no se limita a pequeños puestos de comida o quioscos. Uno de los casos más llamativos corresponde al laboratorio San Fernando, ubicado en una de las principales salas del Hospital Loayza. El espacio fue cedido originalmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que posteriormente lo habría subarrendado a un laboratorio privado.
“En el caso de un laboratorio que tiene la Universidad San Marcos, que se llama San Fernando, el cual ha sido subarrendado por más de veinte mil soles que actualmente ellos vienen cobrando”, señaló Manuel Díaz.
El director agregó que el establecimiento utiliza servicios del propio hospital.
“Sin embargo, ese subarriendo, que además hace uso de energía eléctrica, agua del hospital, no percibe ningún ingreso del hospital por dichos beneficios que estarían cubriendo”, sostuvo.
El caso incluso llegó al Poder Judicial. Elizabeth Vargas aseguró que el hospital obtuvo una decisión favorable respecto a la propiedad de los espacios.
“El Poder Judicial nos dio la razón y determinó la propiedad que tenemos nosotros sobre todo el perímetro del hospital”, declaró.
En ese sentido, aseguró que la Procuraduría, en coordinación con el hospital, ya se encuentra en una etapa posterior del proceso.
“En este contexto es que nosotros ya hemos ganado. Bueno, la procuraduría, en coordinación con el hospital, ha ganado esta acción y estamos ya en la fase de ejecución de sentencia, que significa, como les repito, ya el desalojo judicial”, afirmó.
El reportaje buscó la versión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero la institución sostuvo que no realizaría ningún pronunciamiento sobre el tema.
Mientras tanto, la administración del Loayza informó que ha enviado cartas notariales a los establecimientos considerados irregulares para iniciar posteriormente los procesos de desalojo. Sin embargo, hasta el momento, según el informe, ninguno de los negocios habría abandonado los ambientes.
Díaz explicó cuál será el procedimiento: “Lo que procede y estamos ya en este momento armando todos los expedientes de manera individualizada para que sean remitidos a la procuraduría”.
“Ellos son los encargados de accionar y de determinar la evaluación, si la desocupación va a ser, qué tipo de desocupación va a ser”, añadió.
Faltan camas y espacios mientras los negocios continúan dentro de los hospitales
La controversia cobra una dimensión distinta cuando se observa la situación que enfrentan diariamente los pacientes.
En el Cayetano Heredia, una persona resumió el problema de manera directa: “No hay camas. Cuando no hay camas, lo atienden y lo bajan a la clínica”.
En el Loayza, otro paciente relató una situación similar mientras esperaba atención por una apendicitis.
“No me van a operar, porque me van a operar sería mañana, ocho de la mañana con suerte”, contó.
“¿Mañana?”, preguntó el reportero.
“Mañana sábado. El día sábado me van a operar.”
“Pero el apéndice es en emergencia ahorita, pues, ¿no?”
“Sí, no me van a operar.”
“¿Y qué te han dicho?”
El propio Manuel Díaz intervino: “Hay una fila de personas que tienen que operar”.
La falta de espacio también se refleja en los servicios de diagnóstico. Un paciente contó que no podía realizarse una tomografía porque el equipo estaba fuera de funcionamiento.
“Tomografía no hay”, afirmó.
“¿Por qué no hay tomografía? ¿No hay tomógrafo o qué?”, preguntó el periodista.
“Dicen que está malogrado, pero solamente usan para emergencia nomás. Desde el año pasado está malogrado. Vieron un tiempo y hasta abril, que es Semana Santa, justo me dijeron que venga. Vine y me dijeron que ya se había malogrado el tomógrafo.”
“¿De nuevo?”
“Sí.”
Cayetano Heredia también enfrenta cuestionamientos por espacios cedidos a sindicatos
A varios kilómetros del Loayza, el Hospital Nacional Cayetano Heredia enfrenta una problemática similar.
Según el informe de Contraloría citado por Punto Final, seis restaurantes funcionaban en espacios cedidos por sindicatos del hospital sin generar una renta para el establecimiento de salud.
La presencia de estos negocios resulta especialmente llamativa debido a que se encuentran cerca de áreas donde los pacientes requieren atención médica.
“Además, si vas a consumir ahí en el taller, también”, comentó Manuel Díaz durante la conversación registrada por el reportaje.
“¿Vive en la casetita?”
“Ajá. Ahí tomo mi café.”
El actual director del Cayetano Heredia, quien asumió el cargo hace tres meses, indicó que estos hechos ya están siendo investigados por el Ministerio Público.
“Nosotros lo que hemos hecho, hemos colaborado y estamos participando activamente con la entrega de los documentos que Fiscalía está solicitando para poder tener una buena información y poder tomar la investigación su curso como está ahorita llevándose”, explicó.
Sin embargo, al ser consultado sobre por qué los negocios continúan funcionando pese a que la administración conoce la situación, respondió que primero necesitan establecer las responsabilidades correspondientes.
“Correcto. El problema, como ya hay una investigación, sobre esa investigación, nosotros tenemos que determinar cuáles son las conclusiones y responsabilidades para ya nosotros tomar acciones al respecto bajo esa responsabilidad, si es que la hubiera, con esa investigación, con toda la información que nosotros le hemos brindado y que nos han solicitado”, señaló.
Consultado sobre cuándo se tomaría una decisión, Díaz respondió: “Bien, como mi área es jurídica, tendré que yo preguntar en qué momento yo ya puedo tener la facultad de poder tomar la decisión y poder decir: ‘Esto de aquí ya tiene que quedarse, porque ya tengo yo un aval legal que me permita tomar esa decisión’”.
Agua, electricidad y el costo que asumirían los hospitales públicos
Otro de los puntos observados en ambos hospitales es el consumo de agua y electricidad.
En el Cayetano Heredia, el propio director reconoció que todavía se debe determinar qué fuentes de energía abastecen a los establecimientos comerciales.
“Porque nosotros tenemos, acuérdese que la parte eléctrica, nosotros tenemos parte de corriente eléctrica que viene de afuera de la red común y parte de corriente eléctrica que viene de una subestación”, explicó.
“¿Y no pueden determinar si esa subestación está alimentando esos establecimientos?”
“Eh, sí, sí, tenemos que determinarlo.”
“¿Hasta ahora no lo saben?”
“Eh, no. Yo particularmente ahorita no tengo esa información.”
En cuanto al agua, explicó que el hospital tiene dos fuentes de abastecimiento.
“No, no. De la red, de la red tenemos dos tipos de alimentadores, de la red, vigente y de los pozos de agua que nosotros tenemos”, indicó.
“¿Y tampoco se sabe si es que esos pozos vienen alimentando el agua con el que funcionan estos establecimientos?”
“Eh, no. Ahí sí se está haciendo el cálculo técnico. Se está haciendo el cálculo técnico del consumo de agua que están teniendo estos locales.”
“¿O sea, utilizan los pozos?”
“¿Mmm?”
“¿Utilizan los pozos?”
“En teoría, deben estar utilizando los pozos.”
La situación expuesta plantea así una contradicción: mientras los hospitales necesitan cada metro cuadrado disponible para ampliar sus servicios, algunos de esos ambientes permanecen ocupados por actividades comerciales que, según lo señalado en el reportaje, no generan ingresos directos para los centros de salud y podrían incluso estar utilizando recursos como agua y electricidad.
Manuel Díaz resumió el impacto que esta situación tiene sobre la atención médica: “Hay un agravante a todo esto. No podemos ampliar los laboratorios, no podemos ampliar las áreas de consulta, las áreas de hospitalización, porque estos metros cuadrados se encuentran bajo vía de convenio”.
“¿Y qué genera esto?”, se le consultó.
“Menor atención médica, más hacinamiento, menos servicios”, respondió.
Contraloría plantea presunta responsabilidad penal contra funcionarios del Loayza
El caso del Hospital Loayza también tiene una dimensión administrativa y legal. La Contraloría General de la República planteó presunta responsabilidad penal contra 12 altos funcionarios del hospital, entre ellos el actual director, Eduardo John Motta.
La razón señalada en el informe está vinculada a una posible inacción frente a la ocupación de los espacios.
Elizabeth Vargas explicó que la situación implica un proceso para determinar responsabilidades.
“Están pidiendo el deslinde. Un deslinde de responsabilidad significa, eh, un proceso administrativo y disciplinario donde se tiene que hacer una investigación y que, en el caso del director general, le corresponde a la Dires Lima Centro”, declaró.
Mientras avanzan las investigaciones y los procesos de desalojo, la realidad de los pacientes continúa siendo la misma: falta de camas, hacinamiento, equipos médicos fuera de servicio y necesidad de ampliar consultorios y áreas de hospitalización.
La investigación de Punto Final deja así expuesto un problema que trasciende a dos hospitales específicos y abre una discusión sobre la administración de los espacios dentro de los establecimientos públicos de salud. En un sistema donde cada ambiente puede representar una oportunidad para atender a más pacientes, el uso de terrenos estatales para actividades comerciales sin una contraprestación clara para los hospitales plantea interrogantes sobre quién administra esos espacios, quién recibe los ingresos y, sobre todo, por qué no son destinados a resolver las necesidades de quienes llegan diariamente en busca de atención médica.
El propio reportaje cerró vinculando esta problemática con el debate sobre una eventual reorganización de la gestión hospitalaria y la descentralización del sistema de salud. En ese escenario, el manejo de los terrenos, la transparencia de los convenios, los subarriendos y la recuperación de ambientes para uso asistencial aparecen como asuntos que también requieren ser revisados.
Porque mientras dentro de los hospitales hay espacios ocupados por negocios, afuera y en las salas de emergencia hay pacientes esperando una cama, una operación, una tomografía o simplemente un lugar donde puedan ser atendidos.
