La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) presentó una proposición de ley para derogar la Ley 32419, la norma que concedió amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
El proyecto busca revertir una ley que, según Huilca, ya provocó el archivo de causas penales y comprometió la responsabilidad internacional del Estado peruano. La Ley 32419, promulgada el 13 de agosto de 2025, consta de dos artículos. El primero otorga una amnistía general a militares, policías y miembros de comités de autodefensa denunciados, investigados o procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva en el período 1980-2000. El segundo introduce una amnistía de carácter “humanitario” para mayores de 70 años que ya cuentan con sentencia firme o en trámite de ejecución por los mismos delitos.
Sus impulsores, incluido el Poder Ejecutivo que la promulgó, la presentaron como un mecanismo para “hacer justicia” y “devolver la dignidad” a los agentes del orden que enfrentaron a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
No obstante, Huilca sostiene que la amnistía colisiona con normas de ius cogens, aquellas que prohíben de manera absoluta la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. El documento cita como antecedente central el caso Barrios Altos vs. Perú (2001), en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que las leyes de autoamnistía de 1995 del régimen fujimorista carecían de efectos jurídicos por oponerse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La diputada, en su exposición de motivos, también invoca casos donde otros países han frenado los avances de leyes de amnistía, como en Argentina, Chile y Uruguay.
Represalias
El proyecto documenta casos en los que tribunales peruanos ya inaplicaron la Ley 32419 mediante control difuso de constitucionalidad. Uno de ellos es el de Luis Augusto Pérez Documet, condenado en noviembre de 2021 como autor mediato del delito de desaparición forzada, cuya excepción de amnistía fue declarada improcedente por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.
Otro caso citado es la condena contra exmiembros de la Policía por la masacre del penal Castro Castro, ocurrida en 1992. Esta decisión derivó en una denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia presentada por el senador fujimorista Fernando Rospigliosi contra los jueces Miluska Cano, Otto Verapinto y Helbert Llerena, a quienes acusó de haber inaplicado la Ley 32419 y la Ley 32107. El proyecto de Huilca advierte que este tipo de represalias políticas amenaza la independencia del sistema de justicia.
Según la proposición, la derogación de la Ley 32419 evitaría el archivo de más de 600 procesos penales en curso. El texto también señala que la vigencia de la amnistía permite a los procesados eludir el pago de reparaciones civiles a las víctimas y sus familiares, entre ellos miembros del Grupo Colina.
Indira Huilca recuerda que ya se ha presentado una iniciativa con la que se plantea derogar un conjunto de diez leyes calificadas como “procrimen”, entre las que se incluye la Ley 32419.
